Rojo de la vega pide a brugada mesas para coordinar operativos contra ambulantaje tras agresión
La alcaldesa de Cuauhtémoc exige acompañamiento de la Policía Metropolitana, presenta denuncias y apunta a liderazgos que cobran cuotas.
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, pidió este lunes a la jefa de Gobierno, clara brugada, la instalación de mesas de trabajo para coordinar operativos conjuntos contra el comercio ambulante en el centro histórico, y solicitó el acompañamiento de la Policía Metropolitana para proteger a su personal ante lo que describió como “grupos criminales, delictivos y ex presidiarios”.
La solicitud se produce después de la agresión física que sufrió la alcaldesa el viernes pasado durante un intento por reordenar puestos en la zona de San Cosme. Rojo informó en entrevista con MILENIO Televisión que ya se presentaron 11 denuncias y que se sumarán cuatro más por personas que estuvieron hospitalizadas y no pudieron denunciar de inmediato. En total, dijo, hubo 20 personas lesionadas, tres de ellas con heridas graves.
Según la versión de la alcaldesa, las denuncias van acompañadas de imágenes y nombres concretos, y existen grabaciones del C5 que muestran que su equipo fue emboscado. “Nos amenazaron de muerte, hombres que empujaron a colaboradoras”, declaró Rojo, quien aseguró que algunos agresores están identificados y han sido atribuidos a la red de la diputada Diana Sánchez Barrios, a la que acusó de cobrar cuotas y “rentar” el espacio público.
Rojo rechazó las críticas públicas de la presidenta claudia sheinbaum, quien dijo que no se trata de estigmatizar ni de “hacer show”. La alcaldesa respondió que su objetivo es aplicar la ley y ordenar el espacio público, y señaló que la inacción de décadas ha permitido la consolidación de liderazgos que lucran con la vía pública. Propuso, como salida, realizar un censo, reubicar a los vendedores en locales con rentas bajas y ofrecer seguridad social.
En su diálogo con la jefa de Gobierno, Rojo pidió que en las mesas de trabajo participen direcciones de gobierno y mandos de vía pública para evitar contradicciones en los operativos. También insistió en que los operativos seguirán: “No quiero volver a arriesgar a la gente porque estos operativos van a seguir, porque es lo que nos piden las vecinas y vecinos”.
La alcaldesa hizo hincapié en que retirar a los vendedores de las banquetas no es una medida a capricho, sino una aplicación de la ley del espacio público. A la vez, planteó alternativas para no dejar desprotegidos a los ambulantes: contar y regularizar, ofrecer rentas accesibles y garantizar protección laboral y social.
| Hecho | Detalles |
|---|---|
| Acontecimiento | Agresión a la alcaldesa y su equipo durante operativo en San Cosme |
| Denuncias | 11 presentadas; 4 más anunciadas. Pruebas aportadas: imágenes, nombres y grabaciones del C5 |
| Heridos | 20 personas lesionadas, 3 con lesiones graves |
| Solicitudes de la alcaldesa | Mesas de trabajo con la jefa de Gobierno, acompañamiento de la Policía Metropolitana |
| Acusación | Se responsabiliza a personas ligadas a la diputada Diana Sánchez Barrios por organizar la resistencia |
Qué sigue
- Instalación de mesas de trabajo solicitadas por la alcaldesa para coordinar operativos interinstitucionales.
- Investigación de la fiscalía con pruebas enviadas por la alcaldía, incluida la revisión de grabaciones del C5.
- Continuidad de operativos en el espacio público con petición formal de apoyo de la Policía Metropolitana.
- Propuesta de censar y reubicar a comerciantes con rentas bajas y acceso a seguridad social.
Lectura ciudadana
La escena pone en evidencia un choque entre dos prioridades: el derecho de la ciudadanía a transitar y ocupar la vía pública sin obstáculos, y la vida y el sustento de miles de vendedores que dependen del comercio informal. La respuesta institucional que propone Rojo busca ordenar, pero enfrenta riesgos de violencia y de judicialización. Para que la solución funcione se necesitará coordinación clara entre alcaldías, gobierno central, seguridad y, sobre todo, alternativas reales para quienes hoy ocupan la calle.
Mientras tanto, la investigación y la mesa solicitada con clara brugada serán la prueba de fuego para medir si el conflicto se resuelve por la vía del ordenamiento y la protección, o si escala a un conflicto político y social mayor en el corazón de la ciudad.