Massie impulsa destitución de Hegseth por presuntas operaciones ilegales y guerra contra Irán
El congresista Thomas Massie inició un proceso para remover al secretario de Defensa, acusándolo de ordenar ataques y detenciones sin base legal; Donald Trump respalda al jefe del Pentágono.
El congresista republicano Thomas Massie activó este lunes 9 de noviembre una resolución para destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth. Massie sostiene que Hegseth «inició la guerra con Irán sin la autorización del Congreso», que autorizó «ataques letales ilegales contra sospechosos de narcotráfico» y que ordenó la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores sin el marco legal necesario. Estas acusaciones, si bien gravísimas, requieren verificación y un proceso institucional riguroso, recuerda La Voz.
La medida de Massie llega en un momento de fuerte polarización. Según el propio congresista, el Ejecutivo habría eludido la prerrogativa del Congreso sobre el uso de la fuerza, una facultad que en Estados Unidos está sujeta a debate desde la Guerra de Vietnam y reforzada en parte por la War Powers Resolution. Si las afirmaciones de Massie se confirman, implicarían no solo una vulneración constitucional, sino también riesgos prácticos: mayor escalada militar, afectación al presupuesto y pérdidas humanas que terminarían impactando hogares, veteranos y comunidades que ya cargan con los costos de conflictos pasados.
Desde la Casa Blanca y la campaña de Donald Trump la reacción fue inmediata: el expresidente y su entorno enfatizaron su apoyo a Hegseth. El respaldo presidencial politiza aún más la crisis y plantea un dilema: ¿puede el aparato militar permanecer operativo y neutral si la figura que lo encabeza es objeto de una ofensiva política abierta? Para muchos analistas consultados por La Voz, la independencia de las Fuerzas Armadas frente a intereses partidistas es un principio clave que ahora se pone a prueba.
En el centro de las acusaciones están dos frentes: acciones militares contra Irán y operaciones encubiertas o transfronterizas para capturar a líderes extranjeros y perseguir redes de narcotráfico. Sobre la primera, Massie alega que Hegseth ordenó hostilidades sin la autorización del Congreso. El debate legal gira en torno a si las operaciones militares constituyen «uso de fuerza» que requiere una autorización formal o si quedan amparadas por autorizaciones previas o por la prerrogativa del Ejecutivo en defensa nacional. Jurídicamente, la línea es difusa y las interpretaciones varían; políticamente, la opacidad contribuye al malestar ciudadano.
Respecto a las supuestas detenciones de alto perfil, como la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores sin permiso legal, las implicaciones son de alcance internacional. Si se confirmara una operación de este tipo, existirían potenciales violaciones del derecho internacional y de procedimientos de cooperación internacional, además de riesgos de represalias y aumento de tensiones en la región. Fuentes en círculos diplomáticos, que pidieron mantener el anonimato, advierten a La Voz que acciones unilaterales de ese calibre suelen generar consecuencias imprevistas y dañinas para la población civil.
Massie presentó su resolución en la Cámara baja con argumentos tanto legales como políticos. Desde su perspectiva, la destitución busca restablecer el equilibrio constitucional entre el Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo, en Washington los procesos de remoción son complejos y raros: requieren mayoría, evidencias sólidas y un debate público que puede prolongarse semanas o meses. Para que prospere la iniciativa, será necesario que Massie obtenga apoyos fuera de su base conservadora, incluyendo congresistas preocupados por la rendición de cuentas del Pentágono.
La Voz consultó a juristas y expertos en política exterior, quienes señalaron que, más allá de la responsabilidad individual de Hegseth, hay un problema estructural. Las lagunas legales sobre la autorización del uso de la fuerza, la transparencia en las operaciones especiales y la supervisión del Congreso permiten que decisiones de alto riesgo se tomen con mínima rendición de cuentas. «No es solo una disputa personal; es una falla institucional», declaró a La Voz una jurista experta en seguridad nacional, que pidió no ser identificada.
Para la ciudadanía, el impacto no es abstracto. Políticas exteriores y decisiones militares definen desde la seguridad en las fronteras hasta el presupuesto para salud, educación y servicios públicos. Una escalada con Irán o incursiones polémicas en la región pueden traducirse en aumento de precios, mayor gasto militar y un retroceso en políticas sociales. Además, la normalización de detenciones sin procesos claros debilita garantías que protegen a todas las personas, no solo a los señalados por el Estado.
La resolución de Massie abre una ventana para que el Congreso ejerza su papel de control. Pero también revela una debilidad democrática: cuando la política se mezcla con la seguridad nacional y las redes de poder, la transparencia suele quedar en segundo plano. La Voz seguirá el proceso de cerca y exigirá a las autoridades audiencias públicas y documentación que permitan a la sociedad evaluar si estamos frente a abusos de poder o a acusaciones infundadas.
Mientras tanto, la apuesta de Donald Trump por Hegseth complica el tablero y apunta a que la disputa no se resolverá solo en términos jurídicos. Serán las votaciones en el Congreso, la presión de la opinión pública y la claridad de las pruebas lo que determinará si la iniciativa de Massie prospera o queda en una medida simbólica. En cualquier caso, la discusión pone sobre la mesa una pregunta esencial: qué tipo de país queremos cuando se trata de usar la fuerza y proteger las instituciones que deberían controlarla.