Harfuch acuerda intercambio de información con la DEA sin ceder soberanía
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció un acuerdo de intercambio de información con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para fortalecer la búsqueda y captura de «capos» y estructuras del crimen organizado. La SSPC subraya que el diálogo se realizó con base en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, y que cualquier cooperación estará sujeta a la ley mexicana.
Omar García Harfuch, quien encabezó las negociaciones, presentó el convenio como una herramienta para complementar las capacidades nacionales: intercambio de inteligencia, capacitación técnica y coordinación puntual en investigaciones transnacionales. Según el comunicado de la SSPC, se insiste en que las acciones operativas en territorio mexicano serán dirigidas por autoridades mexicanas y que la DEA no tendrá un papel de mando.
La iniciativa llega en un contexto donde la violencia ligada al crimen organizado sigue marcando la vida cotidiana de muchas comunidades. Datos oficiales, incluidos los recopilados por INEGI y la propia SSPC, muestran que la inseguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas, y por eso el gobierno argumenta que la cooperación internacional es necesaria para perseguir a cabecillas que operan a ambos lados de la frontera.
No obstante, el anuncio abrió preguntas legítimas. Para buena parte de la sociedad y de expertos en seguridad, la clave no es solo qué se comparte, sino cómo se protege la autonomía del Estado y los derechos de las personas. La historia reciente deja huellas: la presencia de agencias extranjeras en investigaciones mexicanas despierta recelos por posibles violaciones a la soberanía y por la falta de control efectivo sobre operaciones encubiertas.
En términos prácticos, los riesgos incluyen filtración de datos, uso de información sin el debido control judicial y decisiones operativas tomadas fuera de los cauces legales mexicanos. Como analogía, la cooperación puede ser útil como una linterna prestada para buscar a un delincuente en la noche, pero nadie quiere que el que presta la linterna empiece a señalar a vecinos sin que un juez lo autorice.
Desde una postura crítica y constructiva, hay elementos que Harfuch y la SSPC deben garantizar públicamente: protocolos claros sobre qué tipos de información se intercambiarán, requisitos de autorización judicial antes de cualquier operación conjunta, mecanismos de rendición de cuentas con participación del Congreso y observación ciudadana, y medidas de protección de datos personales.
Además, especialistas consultados por este diario insisten en que la cooperación técnica no puede sustituir políticas internas que reduzcan la raíz del problema: inversión en educación, empleo, reparación del tejido social y verificación del uso de la fuerza. Sin reformas sociales y mejor justicia, los arrestos de alto perfil pueden ser parches que no cambian la dinámica de violencia a largo plazo.
La SSPC promete transparencia y volvió a enfatizar que México mantiene la conducción de las acciones en su territorio. Es una promesa que tendrá que traducirse en hechos verificables: informes públicos, auditorías y espacios de control legislativo. De lo contrario, la cooperación correrá el riesgo de transformarse en una alianza efectiva en el papel pero insuficiente para ganar confianza en la práctica.
El acuerdo con la DEA puede ser una herramienta útil para desgastar a las cúpulas del crimen, siempre que venga acompañada de salvaguardas democráticas. Si no se construyen esas barreras, la cooperación internacional podría terminar siendo un atajo peligroso que sacrifica derechos en nombre de resultados rápidos.
Fuente: SSPC; análisis con datos de INEGI.