Trabajadores del Ine: 9,600 pesos no alcanzan y exigen aumento inmediato
Los empleados del Instituto Nacional Electoral (Ine) sostienen que los 9,600 pesos mensuales que reciben hoy ya no alcanzan para vivir. El Sindicato de Trabajadores del Ine presentó en los últimos días una demanda formal ante la dirección del instituto, en la que exige la apertura de una mesa de negociación salarial y la revisión urgente de las condiciones laborales.
La queja no es solo numérica. Los trabajadores señalan que la inflación, el aumento de la canasta básica y el costo del transporte han erosionado de forma significativa el poder adquisitivo. Datos de la Secretaría del Trabajo y de organismos como CONEVAL e INEGI muestran que el ingreso necesario para cubrir una canasta alimentaria y servicios básicos en zonas urbanas supera con creces esa cifra, lo que convierte los 9,600 pesos en un salario de subsistencia para muchos.
Desde las áreas operativas hasta el personal administrativo, empleados entrevistados por este diario relatan ejemplos concretos: jornadas extra para complementar gastos, imposibilidad de pago de renta digna y la renuncia de compañeros ante ofertas salariales en otros sectores públicos y privados. El Sindicato de Trabajadores del Ine advierte que la situación afecta la moral y la calidad del servicio público que ofrece el instituto.
Por su parte, el Ine reconoce la existencia de limitaciones presupuestales y ha pedido tiempo para revisar estadísticas y reordenar partidas. Fuentes internas citadas coinciden en que cualquier ajuste requiere coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados, lo que puede alargar el proceso. Esa explicación choca con la percepción de los trabajadores, que piden soluciones inmediatas y transparencia en la gestión de recursos.
La discusión abre preguntas más amplias sobre prioridades públicas. Si México quiere fortalecer instituciones clave para la democracia, como el Ine, resulta contradictorio mantener a su plantilla en condiciones económicas precarias. Organizaciones civiles y algunos legisladores han pedido que se priorice el bienestar del personal como inversión en calidad institucional, posición respaldada por análisis publicados en medios nacionales como La Jornada.
La salida no es simple: exige voluntad política, ajustes presupuestales y, sobre todo, diálogo abierto y público entre el Ine, el sindicato y las autoridades federales. Mientras tanto, cientos de empleados continuarán con ingresos que, según ellos y según CONEVAL, están por debajo de lo necesario para una vida digna. La negociación será un termómetro para medir si el Estado prioriza la estabilidad laboral y la calidad del servicio público o si deja a sus trabajadores a la deriva.