Juzgados en tensión por cambio del OAJ; protestas no ceden
Las manifestaciones continúan en varios juzgados de la Ciudad de México y del interior del país mientras persisten dudas sobre la entrada en vigor de la nueva evaluación del OAJ. La medida, anunciada como un ajuste administrativo, aún no aparece formalizada en comunicados oficiales y deja en el limbo a personal jurisdiccional, litigantes y ciudadanía que esperan resolución en trámites pendientes.
Según reportes de La Jornada y Reforma, la incomunicación entre las autoridades y los juzgadores ha alimentado la incertidumbre. Testimonios recabados por este diario señalan audiencias pospuestas, expedientes sin movimiento y personal que se organiza para mantener guardias ante la posibilidad de cambios en criterios de evaluación y promoción.
«No nos consultaron; nos dicen que es para ‘mejorar’ pero nadie sabe cómo va a aplicarse ni qué implicaciones tendrá para nuestros turnos y cargas de trabajo», dijo una empleada judicial que prefirió no revelar su nombre. Su voz refleja la sensación de muchos: una reforma administrativa que se siente como un temblor bajo los pies del sistema de impartición de justicia.
El Consejo de la Judicatura Federal y algunas instancias locales han emitido comunicados parciales, según cobertura de El Universal, asegurando que los ajustes buscan modernizar criterios de evaluación y profesionalizar funciones. Sin embargo, la falta de claridad sobre plazos, criterios públicos y recursos para capacitación genera un efecto inverso: desconfianza y contingencia operativa.
El impacto sobre la población es concreto. Ciudadanos que tramitan pensiones, pensiones alimenticias o procesos laborales se enfrentan a retrasos que afectan su economía y tranquilidad. Abogados y organizaciones civiles alertan que incluso casos urgentes podrían verse demorados si no hay protocolos de atención alternativos durante la transición.
La protestas no son homogéneas: hay trabajadores que reclaman proceso democrático y evaluación con criterios claros; hay magistrados preocupados por la autonomía; y hay abogados que temen que cambios administrativos terminen por politizar nombramientos. En este cruce, la ciudadanía queda atrapada en la espera de audiencias y resoluciones.
Para evitar más daño al acceso a la justicia, asociaciones de juristas y sindicatos han pedido diálogo público y transparencia. Como sugieren analistas consultados por Reforma, una medida administrativa, por legítima que sea, requiere comunicación abierta, cronograma preciso y mecanismos de acompañamiento para no sacrificar la continuidad del servicio.
El episodio plantea preguntas de fondo sobre cómo se implementan reformas dentro del poder judicial: ¿se prioriza la profesionalización sin desproteger a las audiencias? ¿existen garantías para evitar evaluaciones arbitrarias? Organizaciones de la sociedad civil han pedido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos locales supervisen el proceso para salvaguardar derechos procesales.
Mientras las protestas permanecen en las puertas de los juzgados, la urgencia es doble: que las autoridades formalicen y expliquen los cambios con datos y plazos verificables, y que se establezcan medidas transitorias que garanticen que las personas no paguen con retrasos su derecho a una resolución oportuna. La justicia no puede ser experimento administrativo a costa de quienes la necesitan.