Aceptan 6% de base; INE promete revisar sueldos tras paro que dejó fuera 64% de módulos
La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que los empleados aceptaron una base de aumento salarial del 6% y que la institución abrirá una revisión adicional para evaluar aumentos complementarios. La negociación busca poner fin al paro que, según datos del propio INE, afectó 64% de los módulos de atención ciudadana y dejó a miles de personas sin poder tramitar su credencial para votar.
El anuncio, hecho por la autoridad electoral, llega después de días de tensión y movilizaciones internas que paralizaron la atención en buena parte del país. Para muchos trabajadores, el 6% representa una respuesta parcial a reclamos sostenidos sobre salarios rezagados y condiciones laborales; para usuarios, fue la explicación oficial de por qué hubo filas canceladas y trámites demorados.
El INE dijo que la oferta base fue aceptada como un primer paso y que se pondrá en marcha una revisión salarial «para ofrecer más», sin detallar montos, plazos ni criterios técnicos. Esa ambigüedad alimenta dudas: aceptar 6% ahora y prometer revisar después equivale, en palabras de empleados consultados por este diario, a una promesa que necesita plazos y cifras concretas para dejar de ser humo.
El paro que afectó 64% de los módulos no solo fue un registro de ausencias administrativas: tuvo consecuencias concretas para personas que requieren la credencial como trámite de identidad, acceso a programas sociales o para realizar trámites bancarios. En barrios y municipios, la falta del servicio se tradujo en viajes perdidos, permisos laborales y gastos extra, especialmente para quienes viven lejos de un módulo activo.
Desde una mirada crítica y con datos a cuestas, el acuerdo parcial muestra avances y límites. Por un lado, el INE reconoció un conflicto laboral y ofreció una base de incremento; por otro, no delimitó un mecanismo claro para la revisión que prometió, ni explicó cómo se financiarán eventuales aumentos sin afectar el presupuesto de tareas esenciales del instituto.
La resolución plantea preguntas que van más allá de salarios: ¿qué rol tendrán la transparencia y la fiscalización presupuestal en la revisión? ¿Se garantizará que la atención ciudadana recupere su red de módulos sin pérdidas de personal? El INE, como fuente de esta información, tiene la responsabilidad de dar respuestas puntuales y calendarios públicos que permitan evaluar el impacto real de sus decisiones.
Queda abierto un llamado a la institucionalidad y a la sociedad: la solución no es solo un porcentaje sobre el papel, sino garantizar que quienes atienden procesos electorales y de identidad tengan condiciones dignas y que la ciudadanía recupere servicios interrumpidos. El 6% puede ser un primer paso, pero sin transparencia y seguimiento, corre el riesgo de quedarse corto y de volver a encender malestares laborales y trastornos para la gente.