Impacto 2025: un desahucio cada 20 minutos vacía barrios
El caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, puso rostro a una crisis que no cede: en 2025 España registró 25.540 expulsiones, la mayoría por impago de alquiler.
El desahucio de Maricarmen volvió a encender una alarma social. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2025 se contabilizaron 25.540 desahucios —es decir, uno cada 20 minutos y alrededor de 70 diarios—, la mayoría motivados por impagos de alquiler. La Comisión Europea y Eurostat alertan de que este fenómeno no es exclusivo de España: en 18 países de la Unión el acceso a la vivienda se ha deteriorado y organizaciones de vivienda señalan que problemas similares se reproducen en otras latitudes, como México.
Detrás de las cifras está la vida cotidiana: vecinos que pierden su hogar, comercios que cierran, colegios con menos alumnos y comunidades que se deshacen como un mosaico despegado. No es solo una estadística, es la historia de familias que ven cómo se les acaban las alternativas cuando suben los precios y faltan viviendas asequibles.
Las causas son conocidas y acumulativas. La especulación inmobiliaria y la presión de los llamados fondos buitre han estrechado el mercado; la oferta de vivienda social no crece al ritmo necesario y las políticas públicas han sido insuficientes para frenar la escalada de los precios de alquiler. Plataformas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevan años denunciándolo y reclamando medidas estructurales.
No todo es culpabilidad privada: hay fallos institucionales. El diseño de algunas normativas protege la rentabilidad sobre el derecho a la vivienda; las ayudas sociales son a menudo reactivas y fragmentadas; y la coordinación entre ayuntamientos y el Gobierno central no siempre traduce la urgencia en soluciones. Admitir errores no es un gesto de debilidad: es el primer paso para corregirlos.
¿Qué se puede hacer? Las propuestas que sobreviven al debate público combinan tres ejes: más vivienda pública y protegida, mecanismos para limitar la especulación (impuestos a pisos vacíos o fiscalidad sobre la compra masiva por fondos) y medidas de prevención temprana que eviten que la deuda por alquiler se convierta en expulsión. También es urgente reforzar la mediación y los servicios sociales municipales para ofrecer alternativas habitacionales antes de abrir la puerta al desahucio.
La política de vivienda debe medir su éxito por cuántas casas mantiene en pie y cuántas familias evita que pierdan su techo. Las cifras del Consejo General del Poder Judicial y las advertencias de Eurostat exigen una respuesta con ambición y urgencia. Mientras tanto, barrios enteros siguen vaciándose y la vida de personas como Maricarmen queda a merced de decisiones que se toman lejos de su salón.