Pri exige acción urgente: pérdida de territorios al crimen pone en jaque la soberanía
El PRI lanzó una advertencia política y jurídica sobre el avance del crimen organizado en zonas estratégicas del país y su impacto en la soberanía nacional. La legisladora Fuensanta Esquivel sostuvo que la expansión de grupos delictivos no solo erosiona el control del Estado sobre territorios, sino que además genera efectos sociales inmediatos, como desplazamiento, pérdida de servicios y una sensación creciente de impunidad.
En la tribuna, Esquivel criticó además a Morena por, a su juicio, “discriminar” a millones de mexicanos que, por necesidad, mantienen documentos estadounidenses para evitar la deportación. La legisladora vinculó esa situación con la fragilidad institucional en municipios fronterizos y rurales: cuando el Estado no garantiza seguridad ni alternativas económicas, las familias buscan soluciones migratorias por cualquier vía.
La denuncia del PRI se apoya en datos oficiales que muestran que la presencia del crimen organizado se ha vuelto más visible en diversos municipios. Informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han señalado en repetidas ocasiones incrementos en delitos como homicidio, extorsión y desplazamiento forzado en regiones concretas, lo que contiene un componente de pérdida de control territorial que preocupa a especialistas en seguridad.
El mensaje del PRI mezcla la denuncia política con una llamada a medidas concretas: mayor coordinación entre fuerzas federales, refuerzo de la justicia local, inversión social en regiones abandonadas y programas de desarrollo que ofrezcan alternativas económicas. “No basta con la presencia militar si no se recuperan escuelas, comedores, servicios de salud y oportunidades de empleo”, dijo en su intervención Esquivel, según la versión de la bancada priista.
El fenómeno tiene efectos concretos en la vida cotidiana. Familias que viven en comunidades donde el Estado ha retrocedido experimentan cortes de servicios, cierre de rutas comerciales y extorsiones. También aumenta la vulnerabilidad de quienes migran o mantienen vínculos transfronterizos: tener papeles estadounidenses, señaló Esquivel, no debe convertirse en un motivo de estigmatización política, sino en un dato de la compleja realidad social que enfrentan millones de mexicanos.
Desde el centroizquierda, la crítica busca un equilibrio entre señalar errores y proponer soluciones. Especialistas consultados por este diario indican que la recuperación de territorio no pasa solo por la fuerza: requiere fortalecer policías municipales, depurar cuerpos de seguridad, mejorar la coordinación interinstitucional y reactivar economías locales mediante proyectos de largo plazo. Instituciones como el SESNSP y el INEGI ofrecen información para trazar prioridades, pero los expertos insisten en que hacen falta diagnósticos territoriales finos y presupuestos sostenibles.
En su defensa, fuentes de Morena han dicho en ocasiones que su estrategia incluye acciones sociales y de seguridad focalizadas, aunque en este caso la bancada no ofreció una réplica pública inmediata al señalamiento de Esquivel. La falta de respuesta puntual alimenta la percepción de que no hay consenso sobre la magnitud del problema ni sobre las rutas más eficaces para enfrentarlo.
El debate abre preguntas clave para la agenda pública: ¿cómo recuperar la presencia del Estado sin militarizar la vida cotidiana? ¿Qué papel deben jugar los municipios y las comunidades en la reconstrucción de tejido social? ¿Cómo garantizar que quienes migran o mantienen papeles extranjeros no sean objeto de estigmas políticos?
El llamado del PRI, expresado por Esquivel y refrendado en su comunicado, apremia a considerar la soberanía no solo como control geográfico, sino como la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos. Si el mapa nacional muestra hoy “islas” donde el Estado es débil, la solución requiere, según el partido, políticas integrales, presupuesto y vigilancia ciudadana activa.
Para millones de mexicanos en las zonas afectadas, la urgencia es práctica: escuelas abiertas, seguridad confiable y oportunidades para quedarse. La discusión política tendrá que traducirse en acciones verificables y en datos claros de instituciones como el SESNSP e INEGI para que la retórica no sea solo otra apuesta en el tablero electoral.