Pemex explora acuíferos en Hidalgo mientras solicita permiso para fracking
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha iniciado la perforación de un pozo de captación en Hidalgo para estudiar la disponibilidad y características del agua y, según la propia empresa, comprobar la desconexión de esos afloramientos respecto a los acuíferos que abastecen a la población. La maniobra llega en paralelo a gestiones para obtener permisos que permitan el uso de técnicas hidráulicas como el fracking, un tema que revive viejos debates sobre agua, salud y desarrollo regional.
En un comunicado, Pemex dice que la obra responde a trabajos de caracterización hídrica y a estudios previos necesarios para cualquier proyecto petrolero. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aparecen como instancias que deberán validar estudios y autorizaciones en las siguientes fases, según fuentes oficiales consultadas por este diario.
Para las comunidades locales y las organizaciones ambientalistas, sin embargo, la palabra «estudio» no disipa las dudas. El agua en muchas regiones de México es una arteria ya golpeada: sequías recurrentes, sobreexplotación de mantos freáticos y sistemas de distribución inequitativos. Estudios internacionales y análisis de especialistas advierten que la fractura hidráulica puede requerir millones de litros por pozo y conlleva riesgos de contaminación por químicos y deconexión de corrientes subterráneas.
La evidente tensión es que la extracción de hidrocarburos compite de manera directa con el derecho básico al agua. Habitantes de municipios cercanos han expresado su inquietud por la falta de información pública completa y por la ausencia de procesos participativos sólidos. Organizaciones civiles y académicos reclaman transparencia en los datos de muestreo, en los protocolos de monitoreo y en los acuerdos de manejo del recurso en caso de que lleguen proyectos de mayor escala.
Pemex argumenta que la perforación en Hidalgo responde a requisitos técnicos y de seguridad para garantizar que no exista conexión entre pozos industriales y acuíferos usados para consumo humano. Semarnat y Conagua, por su parte, están facultadas para exigir evaluaciones de riesgo y monitoreo independiente antes de emitir permisos. La pregunta práctica es quién vigilará esas condiciones y con qué autonomía se harán públicas las conclusiones.
El episodio pone en evidencia una contradicción política: por un lado, el Estado impulsa la explotación energética como motor de empleo y soberanía; por otro, la escasez de agua y la fragilidad ambiental hacen que cualquier plan extractivo se lea como reto a la sustentabilidad de comunidades enteras. No se trata solo de argumentos técnicos, sino de decisiones que alteran la vida cotidiana: el acceso a agua potable, la seguridad alimentaria y la salud pública.
Frente a esto, especialistas y activistas proponen medidas concretas: monitoreo independiente con participación ciudadana, transparencia en los métodos y resultados de los muestreos, y garantías legales que aseguren la prioridad del agua para consumo humano. Esa combinación permitiría, al menos, convertir el debate en una conversación pública informada y no en una sucesión de anuncios burocráticos.
Si Pemex y las autoridades atienden esas recomendaciones, la operación en Hidalgo podría ser un ejercicio de rendición de cuentas. Si no, el riesgo es que una promesa técnica —la «desconexión de acuíferos»— se vuelva un eufemismo para paliativos ante problemas reales y tangibles. Este diario seguirá la evolución del caso y las respuestas oficiales de Pemex, Semarnat y Conagua, y recogerá el testimonio de las comunidades implicadas.