Paternidad, techos y contratos: lo que frena a las mujeres en puestos clave, según johanna gómez
En el Día Internacional de la Igualdad Salarial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vuelve a poner números fríos sobre una herida caliente. En América Latina, la brecha salarial persiste: Chile registra 13,6 por ciento, México 12,4 por ciento y Costa Rica 7,2 por ciento, según el informe de la OCDE. Esos porcentajes no son abstracciones; marcan la diferencia entre poder pagar el arriendo o quedarse sin ahorros, entre una promoción o una renuncia forzada.
«Las mujeres no solo ganan menos, también quedan fuera de las decisiones», afirma Johanna Gómez, investigadora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. En la conversación con este medio, Gómez subraya que la desigualdad salarial es la punta visible de un iceberg: debajo conviven segregación ocupacional, trabajo de cuidado no remunerado, informalidad y discriminación directa o sutil en escalas de poder.
La región mantiene modelos laborales y sociales que penalizan la maternidad. Cuando una mujer reduce jornada, toma licencia o disminuye movilidad geográfica por responsabilidades de cuidado, muchas veces pierde opciones de ascenso. Es la paradoja del doble esfuerzo: su trabajo sostienen hogares y economías, pero el sistema la margina de los puestos clave. La OCDE y la propia investigación de la Universidad Javeriana coinciden en que sin políticas que alivien el cuidado y regulen la discriminación, la brecha no se cerrará.
Otro freno es la informalidad. En países donde una parte significativa de la población trabaja sin contratos formales, las protecciones laborales —licencias, pensiones, acceso a guarderías— son inexistentes. Eso golpea con más fuerza a mujeres que ya están sobrerrepresentadas en empleos precarios. Además, prácticas de selección y redes cerradas reproducen techos invisibles: los puestos directivos y de toma de decisión siguen mayoritariamente en manos de hombres.
¿Dónde hay avances y qué funciona? Johanna Gómez destaca medidas concretas: ampliar la oferta pública de cuidado infantil, licencias parentales compartidas que incentiven la corresponsabilidad, fiscalización de brechas salariales por empresas y cuotas temporales acompañadas de formación y mentoría. Costa Rica, con la menor brecha entre los citados por la OCDE, muestra que políticas públicas centradas en cuidados y protección laboral sí cambian resultados, aunque el camino aún es largo.
La evidencia económica es clara: cerrar la brecha genera crecimiento y reduce pobreza. Sin embargo, las respuestas institucionales suelen ser parciales o inconsistentes. Los programas fragmentados, la falta de control y la retórica sin presupuesto perpetúan el problema. Los ciudadanos necesitan políticas con dientes, pero también transparencia y evaluación pública, concluye Gómez.
La desigualdad salarial no es una estadística lejana. Es la historia cotidiana de madres que dejan turnos, de profesionales que son relegadas a tareas invisibles y de hogares que pierden ingreso. Si la región quiere más ciudades y empresas justas, las medidas deben atacar el iceberg desde la base: formalización del empleo, cuidados públicos, corresponsabilidad y sanciones efectivas frente a la discriminación. La OCDE aporta el mapa; corresponde a gobiernos y sociedades trazar la ruta.