Sheinbaum ordena izar bandera a media asta en memoria de las víctimas de 1985 y 2017
El acto solemne comenzó a las 7:19 horas, el momento exacto en que hace 41 años la Ciudad de México fue sacudida por el sismo que dejó, según registros oficiales de la época y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de seis mil víctimas mortales. La Presidencia de la República informó que la bandera nacional fue enviada a media asta como homenaje a las víctimas de aquel 19 de septiembre de 1985 y también a quienes perdieron la vida en el sismo del 19 de septiembre de 2017, que, según la Secretaría de Gobernación y Protección Civil federal, dejó 369 fallecidos.
El gesto —sobrio y esperado— buscó reconocer el dolor colectivo. Pero detrás de la imagen institucional hay preguntas que persisten: ¿qué se ha aprendido realmente en 41 años? ¿Sirven estas conmemoraciones para transformar la prevención, la reconstrucción y la justicia para las familias afectadas?
En materia de prevención, las autoridades destacan avances claros. La red de sensores, los protocolos de evacuación y la alerta sísmica han salvado vidas en episodios recientes, recuerda la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, colectivos de víctimas y expertos en urbanismo señalan que la mejora tecnológica no ha ido acompañada de un cumplimiento riguroso de la normativa de construcción ni de una política efectiva para regular obras y permisos. La metáfora es simple: tener un buen paracaídas no evita que la cuerda esté mal atada.
Colectivos como los que aglutinan a familiares de víctimas de 19S han denunciado retrasos en la indemnización, trabas administrativas y la persistencia de responsabilidades sin sanción administrativa ni penal. La reconstrucción después de 2017 mostró avances en algunas colonias, pero en otras quedó en promesas. Esa desigualdad territorial se traduce en una ciudadanía que todavía siente que la protección es selectiva.
La Presidencia subrayó que el homenaje busca mantener viva la memoria y fortalecer la cultura de prevención. Es un propósito legítimo, pero insuficiente si no se acompaña de políticas concretas: inversión seria en vivienda segura, transparencia en los contratos de reconstrucción y un seguimiento real a la fiscalización de inmuebles que representan riesgo. Sin esas medidas, la memoria corre el riesgo de quedarse en ceremonia.
Para las familias, la conmemoración es mezcla de duelo y reclamo. Algunos sobrevivientes han contado que los días posteriores a cada aniversario reabren heridas y agendas pendientes: peritajes incompletos, documentación extraviada, y en muchos casos, la imposibilidad de volver a un hogar digno. Es la otra cara del acto: la bandera a media asta ondea sobre distritos con pendientes de reconstrucción.
En términos políticos, la acción presidencial busca mostrarse cercana a las víctimas y subrayar continuidad institucional en materia de protección civil. Desde un punto de vista crítico, ese acto debe traducirse en rendición de cuentas. La ciudadanía exige que la solemnidad no reemplace la exigencia: transparencia en el uso de recursos, publicación de avances en reconstrucción y sanciones a quienes, por negligencia o corrupción, pusieron vidas en riesgo.
La conmemoración de este 19 de septiembre es, por tanto, doble: recuerdo y prueba. Recordamos a quienes ya no están; comprobamos si el Estado aprende y actúa. Como apuntó la propia Presidencia al informar del izamiento, el reto sigue siendo permanente: no será suficiente honrar a las víctimas si mañana siguen repitiéndose los errores del pasado.
Fuentes: Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación/Protección Civil federal e INEGI. Reportes y demandas públicas de colectivos de víctimas del 19S.