Prohibir la doble nacionalidad a cargos clave vulnera derechos, advierte American Society of Mexico
La American Society of Mexico advirtió que las propuestas para excluir a personas con doble nacionalidad de la posibilidad de ocupar cargos públicos estratégicos ponen en riesgo los derechos de comunidades binacionales y no atacan los verdaderos focos de la injerencia extranjera, como el financiamiento ilícito en la política.
En un comunicado, la organización señaló que restringir la participación política por la condición migratoria o por tener otra ciudadanía equivale a castigar a millones de personas que mantienen vínculos familiares, laborales y culturales con ambos lados de la frontera. «Se trata de medidas que afectan a familias, no de políticas de seguridad», dijeron representantes de la American Society of Mexico al destacar el impacto social de estas iniciativas.
El debate no es solo jurídico sino humano. Para muchas comunidades binacionales, la doble nacionalidad es una herramienta cotidiana: permite trabajar, enviar remesas, acceder a servicios y mantener lazos. Prohibir el acceso a cargos públicos por esta razón puede reducir la representación de sectores que, precisamente por su experiencia transfronteriza, conocen problemas claves como migración, comercio y derechos laborales.
La organización recomendó direccionar los esfuerzos hacia riesgos concretos y medibles. Entre las prioridades que propone están reforzar la transparencia en el financiamiento de campañas, mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero, fortalecer la supervisión del gasto público y aplicar controles objetivos de conflicto de interés. Estas medidas atacan el problema real de la injerencia y la corrupción sin recurrir a restricciones discriminatorias.
Expertos en derechos humanos consultados por la American Society of Mexico recuerdan además que los estándares internacionales, como los promovidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desalientan medidas que limiten la participación política de grupos por razones de nacionalidad. La recomendación es clara: cualquier restricción debe ser proporcional, estar fundada en evidencia y respetar los principios de no discriminación.
En lo práctico, excluir por decreto a ciudadanas y ciudadanos con doble nacionalidad podría empobrecer la oferta de talento para el servicio público, estrechar la pluralidad y alimentar narrativas de estigmatización. En lugar de soluciones simplistas, el llamado es a políticas que combinen controles efectivos con protección de derechos.
La American Society of Mexico hizo un llamado a que el Congreso y las autoridades prioricen reformas que blindan la democracia frente al financiamiento ilícito y a la influencia indebida, sin sacrificar la inclusión. Para lograrlo propuso dialogar con comunidades afectadas, abrir procesos públicos de consulta y diseñar mecanismos de fiscalización robustos y técnicamente sólidos.
En un momento en que la polarización tiende a simplificar problemas complejos, la organización insiste en abordar la seguridad democrática con medidas que no sean cortoplacistas ni simbólicas. La receta, según la American Society of Mexico, es combinar transparencia, control financiero y protección de derechos para que la lucha contra la injerencia sea eficaz y justa.