Violencia y diplomacia: 24 meses que ponen a prueba a Sheinbaum
Dos años después de asumir, la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta un reto persistente en seguridad mientras la tensión con Estados Unidos, impulsada por las acusaciones de Donald Trump sobre el poder de los cárteles, complica la agenda bilateral.
La promesa de reducir la violencia que marcó el arranque del gobierno no se ha materializado como esperaba buena parte de la sociedad. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los homicidios dolosos y los delitos relacionados con la violencia organizan territorialmente a amplias regiones del país, con puntos críticos en estados del norte y occidente. Es un termómetro que no baja: la percepción de inseguridad sigue alta y muchas familias ajustan rutinas por miedo.
En el terreno de la política pública, el gobierno federal ha combinado medidas de presencia federal en territorios conflictivos con programas sociales destinados a atacar las causas estructurales de la violencia. Fuentes oficiales y reportes de prensa como El País y Reuters documentan detenciones de líderes locales y operaciones coordinadas, pero también subrayan limitaciones en la investigación, la judicialización y la capacidad para desarticular las redes de corrupción que permiten a los grupos criminales operar.
El balance, visto desde la calle, es mixto. Comerciantes en ciudades fronterizas relatan la persistencia de extorsiones y desplazamientos forzados; padres y madres en zonas rurales señalan que la falta de oportunidades empuja a jóvenes hacia actividades ilícitas. La política social del gobierno ha mostrado avances en cobertura de programas y transferencias, una pieza clave que reconoce el propio equipo de Sheinbaum, pero esos esfuerzos tardan en revertir dinámicas locales que llevan años gestándose.
En la esfera internacional la presión no ayuda. Como ha insistido públicamente Donald Trump, existen afirmaciones sobre el control de territorios por parte de los cárteles que tensan la relación bilateral y reclaman respuestas más visibles en materia de seguridad y cooperación migratoria. Medios como The New York Times y agencias como AP han destacado cómo estas declaraciones complican la diplomacia y elevan la exigencia de resultados concretos en materia de seguridad transfronteriza.
Los errores institucionales también pesan. Transparencia en la información, coordinación entre fiscalías estatales y federales, y una política sostenida de combate a la impunidad siguen siendo asignaturas pendientes, según análisis de organizaciones civiles y académicos citados en reportes del INEGI y del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC). Sin una mejora real en la investigación y el acceso a la justicia, cualquier medida operativa pierde eficacia.
No todo es derrota. Existen municipios donde programas de prevención, inversión en educación y empleo juvenil muestran signos positivos. Iniciativas locales de policía comunitaria y proyectos de reinserción han logrado reducir conflictos puntuales. Ese tipo de experiencia indica que la estrategia debe combinar fuerza pública con políticas sociales sostenibles en el tiempo.
La pregunta que queda abierta es si el gobierno de Sheinbaum podrá traducir estos dos años en un viraje real: consolidar una estrategia integral que abarque justicia, salud mental, educación, oportunidades económicas y una reforma profunda de las instituciones encargadas de investigar y sancionar. Mientras tanto, la violencia sigue poniendo en jaque la cotidianidad de millones y la relación con Estados Unidos seguirá siendo un factor que obliga a la diplomacia a moverse entre la presión externa y las limitaciones internas.
Fuentes consultadas: Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportes de El País, Reuters, The New York Times y análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).