Sectur y su círculo familiar, acusan, habrían convertido la dependencia en botín
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) y su hermano, quien labora en la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla, son señalados por opositores, organizaciones ciudadanas y documentos entregados a la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de nepotismo y desvío de recursos. Reportes publicados por medios como Proceso y Animal Político, junto con denuncias presentadas ante la Fiscalía de Puebla, apuntan a contratos y asignaciones discrecionales que habrían beneficiado a empresas vinculadas a familiares y colaboradores cercanos.
Las acusaciones describen un patrón: adjudicaciones directas para organización de eventos, servicios de promoción y hospedaje sin procesos abiertos, así como la designación de puestos estratégicos en oficinas estatales y federales a personas con lazo familiar. «Han tomado la dependencia como si fuera un negocio de familia», asegura una de las fuentes que presentó documentación ante la SFP y que fue consultada por este diario.
Según los documentos revisados y los reportes periodísticos citados, las prácticas habrían reducido la transparencia en la compra de servicios y obstaculizado el acceso de pequeñas empresas turísticas locales a los programas de promoción. Para comunidades y prestadores de servicios en estados con vocación turística, esto significa menos recursos para proyectos comunitarios, menor promoción de destinos emergentes y una pérdida de confianza en la gestión pública.
La Secretaría de la Función Pública confirmó la recepción de quejas administrativas sobre presuntas irregularidades y anunció que se revisan contratos y nombramientos. Por su parte, la Fiscalía de Puebla informó que recibió denuncias relacionadas con posibles conflictos de interés en la dependencia estatal de turismo. Fuentes en la Cámara de Diputados señalan que al menos un grupo parlamentario prepara un punto de acuerdo para solicitar información y auditar a Sectur.
Desde la sociedad civil, organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han enfatizado la necesidad de actuar rápido: «Cuando el poder público se convierte en una extensión del grupo familiar, se erosiona la confianza y se afecta la posibilidad de construir políticas públicas que beneficien a la mayoría», declaró un representante de la organización en comentarios recogidos por Animal Político.
La práctica denunciada no solo tiene un costo económico. En términos políticos, mina la legitimidad de programas que buscan reactivar el turismo tras la pandemia y pone en riesgo recursos destinados a capacitación, subsidios y promoción de microempresas turísticas. Para la gente que vive de guías, pequeños hoteles y cooperativas, cada peso mal asignado se traduce en menos clientes y oportunidades.
Las voces críticas piden medidas concretas: auditorías externas, publicación completa de contratos y beneficiarios, la revocación de adjudicaciones irregulares y sanciones para servidores públicos responsables. También proponen incorporar comités ciudadanos de vigilancia en programas turísticos y reglas más estrictas para evitar nombramientos por parentesco.
En respuesta a las acusaciones, fuentes oficiales de Sectur señalaron que cualquier procedimiento será atendido conforme a la ley y que la institución colabora con las autoridades competentes en las investigaciones, según declaraciones citadas por Proceso. Sin embargo, para recuperar la confianza será imprescindible que las investigaciones se traduzcan en resultados verificables y sanciones cuando corresponda.
La historia que hoy se denuncia —un reparto de favores que convierte una secretaría en feudo— no es solo una mala práctica administrativa; es un síntoma de cómo la debilidad institucional y la falta de transparencia impactan directamente en la vida cotidiana. La exigencia ciudadana es clara: investigaciones transparentes, responsables sancionados y prácticas públicas que prioricen el bienestar colectivo por encima del interés privado.
Este medio continuará siguiendo el caso y consultará documentos oficiales de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía de Puebla para actualizar la información conforme avancen las indagatorias.