Grecia Quiroz impulsa batalla legal para revertir resolución que favoreció a Noroña
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, anunció este lunes una «guerra jurídica» para impugnar un fallo reciente que, a su juicio, terminó beneficiando al senador Gerardo Fernández Noroña. En un comunicado, la presidenta municipal recordó que en julio pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el senador había ejercido violencia política en razón de género en su contra, y señaló que la nueva resolución contradice esa determinación.
Según el comunicado de la alcaldesa, el equipo legal municipal presentará los recursos correspondientes y agotará todas las vías procesales para revertir lo que calificó como un retroceso en la protección de las mujeres en la vida pública. Quiroz señaló que la decisión judicial reciente pone en riesgo los avances en materia de violencia política de género y manda una señal peligrosa: que la impunidad puede abrirse paso aun frente a resoluciones previas del TEPJF.
El caso tiene implicaciones más allá de dos actores públicos. Para especialistas en derecho electoral consultados por este diario, cuando una resolución que reconoció violencia política de género parece matizarse o perder eficacia, se erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del sistema para sancionar conductas discriminatorias y proteger a las víctimas. El Tribunal Electoral es la institución encargada de dirimir estas disputas, pero su veredicto debe ser claro y aplicable para evitar vacíos que favorezcan a figuras con poder político.
Fernández Noroña, senador conocido por sus posturas combativas, ha respondido en redes y foros públicos a lo largo del proceso, defendiendo su actuación y negando que exista violencia de género en su conducta. La alcaldesa Quiroz, por su parte, sostiene que esta disputa no es solo personal: es una prueba de fuego para las políticas públicas que buscan garantizar igualdad y permitir la participación de las mujeres sin hostigamiento.
El desenlace de este pleito tendrá efectos concretos en la vida cotidiana: si las sentencias en materia de violencia política se diluyen, las lideresas locales pueden verse desincentivadas a denunciar, y las autoridades perderán herramientas para sancionar conductas que silencian voces ciudadanas. En palabras del comunicado municipal, la batalla legal que inicia Quiroz busca precisamente que la ley proteja a las mujeres y no sirva de escudo para quienes ejercen poder.
Este periódico reproduce la versión difundida por el propio Ayuntamiento de Uruapan y remite a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del pasado julio para el contexto de la disputa. La atención pública estará puesta en las próximas impugnaciones y en cómo las instancias judiciales resuelvan la aparente contradicción entre fallos, una decisión que puede marcar precedentes en la defensa de los derechos políticos de las mujeres.