Exministro: rescate fiscal sube IVA, recorta gasto y privilegia a las empresas
El proyecto de «rescate» que el Gobierno de Abelardo de la Espriella puso esta semana en consideración del Congreso de Colombia ha encendido las alarmas entre expertos y sectores sociales. Según el propio texto presentado al Congreso y explicado en detalle por Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, la propuesta combina recortes al gasto público con aumentos en el impuesto al valor agregado (IVA) sobre productos de primera necesidad, incrementos en tarifas de servicios de salud y, a la vez, alivios tributarios para las empresas.
Para Reyes, la mezcla es peligrosa: subir IVA sobre bienes esenciales es una medida regresiva que golpea directamente el bolsillo de las familias de menores ingresos, mientras que reducir la carga corporativa traslada la factura fiscal hacia los consumidores. «Es como pedirle a la gente que apriete más el cinturón mientras afloja el cinturón de quienes más ganan», señaló el exfuncionario en una entrevista con este medio.
Las implicaciones prácticas son claras. Un aumento del IVA en productos básicos encarecerá la canasta familiar y tensionará el poder de compra, profundizando la precariedad de quienes ya destinan gran parte de su salario a alimentación y transporte. Al mismo tiempo, los recortes en gasto público pueden traducirse en menos inversión en salud pública, educación y programas sociales, justo cuando esos servicios son el colchón de las familias más vulnerables.
El argumento oficial del Gobierno, según la exposición de motivos, es la necesidad de reducir el déficit fiscal y crear condiciones para la inversión privada. Sin embargo, economistas y parte de la opinión pública cuestionan que el ajuste recaiga de forma desproporcionada sobre el consumo y sobre el gasto social, en lugar de dirigirse a medidas más progresivas: combatir la evasión tributaria, gravar mayores rentas y patrimonio o cerrar exenciones que benefician a grupos económicos específicos.
Reyes añade un matiz institucional: reducir impuestos a las empresas sin garantizar mayor transparencia y control sobre su uso puede limitar el efecto esperado en crecimiento y empleo. «Si la desgravación no va acompañada de compromisos claros de inversión y generación de empleo, el beneficio fiscal terminará en balances y no en bienestar para la gente», advierte el exdirector de la DIAN.
La polémica está servida en el Congreso y en las calles. Organizaciones sociales y algunos partidos ya anuncian debates públicos y posibles movilizaciones si la reforma avanza sin salvaguardas para el consumo de los hogares más pobres y sin proteger el gasto en salud y educación. Desde una perspectiva práctica, expertos consultados por este periódico proponen alternativas: focalizar recortes ineficientes, crear impuestos temporales a grandes patrimonios, y blindar la canasta básica de IVA.
El rescate fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea, en suma, una pregunta política: ¿quién debe cargar con el ajuste en tiempos de fragilidad económica? Luis Carlos Reyes apuesta por un enfoque que combine responsabilidad fiscal con equidad, y advierte que la mayor equivocación sería resolver un problema de finanzas públicas aumentando la desigualdad y erosionando la capacidad de compra de la mayoría.