FGR recibe más dinero en 2027 pero recorta partidas que tocan a familias y peritos
La Fiscalía obtendrá 20,240 millones de pesos en el paquete presupuestal de 2027, 653.2 millones más que en 2026, pero el aumento no llega a las partidas que sostienen la investigación y la atención a víctimas, según el Proyecto de Presupuesto y la Secretaría de Hacienda.
El incremento anunciado para la Fiscalía General de la República (FGR) parece a primera vista una buena noticia: 20,240 millones de pesos para 2027, un alza nominal de 653.2 millones respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos que revisó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, el diablo está en el detalle.
El desglose del presupuesto muestra reducciones en partidas claves para la procuración de justicia: fondos destinados a capacitación de ministerios públicos, servicios periciales y programas de atención integral a víctimas aparecen con rebajas o sin la asignación suficiente para mantener el ritmo operativo. Esa redistribución puede sonar a ajuste técnico en los escritorios de Hacienda, pero en la práctica significa investigaciones más lentas, peritajes con demoras y menos apoyo a quienes han sufrido delitos.
Organizaciones civiles y especialistas en política pública han advertido ante la Cámara de Diputados que un incremento nominal no equivale a mayor capacidad operativa si las partidas que sostienen la maquinaria investigadora se ven mermadas. En palabras sencillas: más dinero en la bolsa general, menos recursos en la cartilla de quien atiende a una víctima o analiza una escena del crimen. Es como subir el sueldo del hogar sin pagar la electricidad: la factura sigue sin cubrirse.
La FGR, por su parte, argumenta que parte del aumento se destina a fortalecer áreas prioritarias y a asegurar recursos para casos de alto impacto. Fuentes oficiales consultadas en la Secretaría de Hacienda indican que el presupuesto buscó priorizar acciones estratégicas, pero el documento público no deja claro cómo se compensarán las reducciones en las partidas que ya venían tensionadas.
En el terreno cotidiano el recorte puede traducirse en más trámites para las familias que buscan justicia, mayor tiempo de espera para resultados periciales y menos programas de apoyo psicológico y legal para víctimas. Para comunidades vulnerables y periodistas que requieren protección especial, cualquier disminución en recursos operativos eleva el riesgo y deja más huecos en la red de protección.
Queda, además, la cuestión de la evaluación: sin indicadores claros y seguimiento ciudadano, es difícil saber si el dinero extra se traduce en causas resueltas. La decisión final corrió por la ruta institucional de la Cámara de Diputados, donde ahora debe abrirse el debate público y transparente sobre prioridades.
Si la intención es reducir impunidad y proteger a las personas, el presupuesto debe reflejarlo con asignaciones estables a investigación, peritaje y atención a víctimas. De lo contrario, el aumento numérico de 653.2 millones quedará como gesto simbólico mientras las consecuencias reales las padecen las familias que esperan respuestas.
Fuentes: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fiscalía General de la República, Cámara de Diputados.