Gasto en pensiones se aceleró y amenaza las finanzas públicas
Un análisis del CIEP muestra que el gasto pasó de 4.6% del PIB en 2020 a una proyección de 6.3% en 2027 y podría alcanzar 9% en 2030; el desafío es social y fiscal.
La cifra que encendió las alarmas no es una opinión: la elaboró el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Según su análisis, el gasto público en pensiones, entre jubilaciones contributivas y algunos regímenes especiales, aumentará de 4.6% del Producto Interno Bruto en 2020 a 6.3% en 2027 y podría trepar a 9% en 2030. Ese salto implica que en poco más de una década la presión sobre el presupuesto se ha duplicado.
Para entender la magnitud: un punto del PIB suele equivaler a miles de millones de pesos que el Estado deja de destinar a salud, educación o inversión pública. Con pensiones creciendo a ese ritmo, el riesgo no es solo contable. Es político y social: las decisiones que se tomen afectarán la calidad de vida de las personas mayores, la carga tributaria de trabajadores activos y la capacidad del Estado para ofrecer servicios básicos.
Detrás de los números hay tendencias conocidas y otras que merecen más atención. El envejecimiento poblacional explica parte del aumento, coincidieron especialistas y organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en evaluaciones previas. Pero no es la única causa. El diseño de varios regímenes especiales, que ofrecen pensiones más altas o jubilaciones anticipadas a ciertos gremios, y la limitada base de cotizantes formales hacen que el costo por pensionado sea más alto de lo que sería en un sistema universal y contributivo amplio.
Doña María, maestra jubilada de 68 años, resume la contradicción: «Mi pensión alcanza para lo básico, pero veo que se gasta mucho en regímenes privilegiados y no hay apoyo para quienes llegamos con pensiones bajas». Testimonios como el suyo muestran dos realidades: quienes reciben pensiones dignas y quienes subsisten en la precariedad.
Las autoridades han reconocido el problema. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha advertido previamente sobre la sostenibilidad del gasto a mediano plazo, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta el reto de aumentar afiliaciones formales para ensanchar la base contributiva. Sin embargo, las respuestas parciales o tardías pueden terminar transfiriendo la carga fiscal a quienes menos ingresos tienen.
Desde una mirada crítica y progresista, el diagnóstico debe conducir a soluciones que protejan a las personas mayores y, al mismo tiempo, velen por la equidad intergeneracional. Entre las medidas que plantean expertos citados por el CIEP están: revisar privilegios en regímenes especiales; ampliar la formalidad laboral para aumentar cotizantes; mejorar la recaudación combatiendo la evasión y las exenciones fiscales regresivas; y diseñar mecanismos progresivos de financiamiento que no descarguen el costo sobre los salarios más bajos.
También hay alternativas que promueven la justicia social: una pensión básica universal financiada con impuestos progresivos y complementada por esquemas contributivos podría garantizar un piso mínimo de ingresos para todas las personas mayores. No es una solución mágica y exige presupuestos claros y gradualidad, pero protege a la parte más vulnerable de la población mientras se reforma el sistema contributivo.
Las decisiones pendientes no solo son técnicas; son políticas. Requieren diálogo entre el gobierno, las y los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil y los investigadores. El CIEP aporta evidencia que debe alimentar esa conversación, no sustituirla. La transparencia en los costos, la divulgación clara de proyecciones y el debate público son imprescindibles para evitar decisiones apresuradas que terminen recortando derechos o favoreciendo intereses ya privilegiados.
Si se deja pasar la oportunidad de reformar con justicia, el resultado podría ser una receta recurrente: recortes en programas sociales, aumento de impuestos indirectos y más presión sobre los hogares con menos ingresos. Si en cambio se actúa con visión redistributiva, es posible garantizar pensiones dignas sin hipotecar el futuro económico del país.
El reloj fiscal está corriendo. El análisis del CIEP no es una sentencia, es una llamada a la acción: planear con transparencia, priorizar la equidad y construir un sistema de pensiones sostenible que no deje a nadie atrás.