Empresas advierten impacto social por límites a deducciones y piden a hacienda revisar la propuesta
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) encendió hoy la alerta económica al solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una evaluación más profunda sobre la propuesta de limitar deducciones fiscales. En una reunión con el titular de la dependencia, Rogelio Ramírez de la O, el presidente del CCE pidió revisar el impacto que la medida tendría sobre sectores productivos y familias.
La discusión no es sólo técnica: toca bolsillos. Limitar deducciones puede aumentar la recaudación y ofrecer recursos para programas sociales, pero también puede encarecer la inversión, reducir incentivos a la formalidad y golpear a la clase media que usa deducciones por salud, educación o intereses hipotecarios. Para muchas pymes, las deducciones son respiración financiera; ponerles un tope sería como bajar el oxígeno a una persona que todavía no respira sola.
Desde el punto de vista del CCE, la propuesta de Hacienda necesita cifras claras y escenarios sectoriales. El organismo empresarial pidió estudios por sector, simulaciones temporales y reglas que protejan a pequeñas empresas, donaciones y gastos médicos. La Secretaría de Hacienda, por su parte, ha defendido que ajustes en deducciones forman parte del esfuerzo por ampliar la base tributaria y combatir la evasión, sin descuidar la estabilidad macroeconómica.
La receta pública no es única: especialistas en finanzas públicas consultados por este diario señalan que una reforma fiscal responsable debe combinar transparencia, gradualidad y focalización. Un tope general, sin excepciones, puede producir efectos colaterales no deseados; en cambio, límites dirigidos y acompañados de medidas de alivio para sectores vulnerables reducen la fricción.
En términos prácticos, la discusión debe responder preguntas sencillas para la gente: ¿qué deducciones quedarían fuera?, ¿cómo afectará a quienes pagan una hipoteca o a quienes donan a organizaciones culturales y de salud?, ¿qué mecanismos habrá para evitar que las empresas trasladen el costo a trabajadores o consumidores?
El llamado del CCE a la SHCP es además institucional: exigir datos, abrir espacios de diálogo y someter propuestas a impacto social y económico antes de aprobar cambios. El riesgo, dicen empresarios y analistas, es que una medida mal calibrada ahuyente inversión y reduzca crecimiento justo cuando el país necesita empleos formales y mayor recaudación para servicios públicos.
Esta negociación fiscal ofrece una oportunidad —y una prueba— para que el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil diseñen reglas que busquen justicia tributaria sin asfixiar la recuperación económica. Más transparencia, estudios públicos y plazos razonables son el mínimo que piden los protagonistas antes de que la iniciativa avance.