Cce pide a Hacienda revisar tope a deducciones ante riesgos para familias
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) encendió las alarmas esta semana al pedir públicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que reconsidere y evalúe con cuidado la propuesta para imponer límites a las deducciones fiscales. En una reunión entre dirigentes empresariales y representantes de Hacienda, el presidente del CCE solicitó que se analice el impacto sector por sector antes de avanzar con cambios que, advierten, podrían golpear a hogares, pequeñas empresas y sectores sensibles como salud y vivienda.
La discusión, según fuentes del propio CCE, no se reduce a tecnicismos: se trata de decidir quién asume la carga fiscal. Limitar deducciones puede aumentar la recaudación, pero también equivale a subir impuestos en los hechos para quienes usan esos beneficios para pagar hipotecas, gastos médicos o donaciones a organizaciones civiles. Es una llave que se cierra y cuyo efecto puede sentirse en el consumo, en la inversión y en la supervivencia de proyectos sociales que dependen de incentivos fiscales.
La Secretaría de Hacienda, por su parte, ha sostenido en otras ocasiones la necesidad de ampliar la base tributaria y mejorar la progresividad del sistema. Pero el problema no es sólo recaudatorio: es distributivo y político. Instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) muestran que la composición del ingreso y la capacidad de pago varía mucho entre sectores; imponer límites homogéneos sin estudios detallados corre el riesgo de castigar a contribuyentes medios y a actividades que generan empleo formal.
Para explicarlo con una imagen: fijar un tope rígido a deducciones sería como recortar agua del grifo pensando en la factura pero sin revisar primero dónde hay fugas. Puede que efectivamente se obtengan recursos, pero también puede dejar sin riego a quienes mantienen el jardín de la economía local. El CCE pidió a Hacienda usar simulaciones, impactos por sector y consultas públicas antes de marcar la nueva norma.
Los críticos de la propuesta señalan además un problema de diseño institucional. Si la medida se concibe como un cajón único para aumentar ingresos, sin mecanismos compensatorios ni escalonamiento por ingreso, se corre el riesgo de transferir la carga a quienes menos pueden absorberla. Organizaciones civiles y académicos han subrayado la importancia de preservar incentivos para la salud, la educación y las donaciones, áreas que suelen beneficiarse de deducciones y cuyo recorte podría erosionar bienes públicos difíciles de reconstruir.
En el terreno empresarial, algunas cámaras advierten que la incertidumbre puede frenar inversiones y contratación. Para las pequeñas y medianas empresas, cuyo flujo de caja es limitado, cambios abruptos en la deducción de intereses o en la deducibilidad de gastos operativos pueden traducirse en menos liquidez y más evasión involuntaria. El CCE, según sus representantes, busca que Hacienda presente escenarios alternativos y abra mesas técnicas para negociar mitigaciones.
Desde una perspectiva progresista, la discusión debe enfocarse en equidad: pagar impuestos es inevitable para sostener servicios, pero la carga debe repartirse de acuerdo con la capacidad real de cada quien. Limitar deducciones sin combinarlas con tributos más efectivos a la riqueza o con medidas que cierren vacíos de evasión puede resultar injusto. Por eso la petición del CCE a Hacienda no es una defensa automática de privilegios, sino un llamado a diseñar una reforma con evidencia, transparencia y diálogo social.
El próximo paso será ver si la SHCP acepta abrir ese espacio técnico y público. La Secretaría tiene la responsabilidad de sustentar cualquier cambio con análisis y números, y el CCE dice que acudirá a esas mesas. Lo que está en juego no es sólo cuánto recauda el Estado, sino cómo se reparte la cuenta y qué tan resiliente queda la economía familiar y productiva tras el ajuste.
La recomendación, planteada también por economistas consultados en el pasado, es clara: primero estudio profundo; segundo, medidas diferenciadas por ingreso y sector; tercero, compensaciones para quienes resultarían más afectados. Hacienda y el CCE tienen ahora la oportunidad de convertir una contienda fiscal en una negociación que priorice bienestar y justicia.
Fuente: Consejo Coordinador Empresarial; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; INEGI; SAT.