Alicia Bárcena propone tipificar como delito grave el tráfico de especies
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, planteó ante las comisiones unidas de la Cámara de Diputados que el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre sea integrado al Código Penal como delito grave. La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados sobre su comparecencia en el marco del análisis del segundo informe de gobierno.
Bárcena dijo que el comercio ilícito de especies está apenas por detrás del tráfico de armas y de drogas, y criticó que quienes trafican con ejemplares como el mono araña o el pez totoaba “pasen un fin de semana en la cárcel muy a gusto”. Su propuesta busca, en esencia, endurecer las sanciones para disuadir a las redes criminales que lucran con la vida silvestre.
La secretaria aprovechó la comparecencia para vincular esa propuesta con un cambio más amplio de rumbo: sustituir el extractivismo por lo que llamó un ambientalismo humanista. Según el comunicado oficial, la administración ha definido diez fundamentos —entre ellos patrimonio natural, justicia ambiental, prevenir antes que reparar, conservar y restaurar, y el reconocimiento de saberes ancestrales— que se articulan en cinco ejes para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y asegurar que el bienestar no se construya a costa de comunidades y ecosistemas.
En la exposición también destacó leyes y acciones aprobadas o en marcha. Citó la Ley de Economía Circular, avalada por unanimidad, que busca aprovechar las cerca de 140 mil toneladas diarias de basura del país. Mencionó la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que reemplazaría una norma de casi 40 años. Y recordó la aprobación de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
En inversión hídrica, Bárcena reportó cifras que buscan mostrar alcance territorial: 180 mil millones de pesos programados en el sexenio, 20 mil millones destinados al saneamiento de tres ríos (Atoyac, Lerma-Santiago y Tula), 24 mil obras de agua potable y alcantarillado que han beneficiado a 2 mil 183 municipios, y 17 proyectos hídricos estratégicos con más de 80 mil millones de pesos. Según el comunicado, se han revisado 538 mil concesiones para evitar sobreexplotación, recuperando cinco mil millones de metros cúbicos de agua y entregando 12 mil 346 títulos.
Además, pidió a los legisladores apoyar la reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal para certificar productos de exportación sin deforestación y la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que ya fue aprobada en el Senado y ahora será analizada en la Cámara de Diputados.
¿Qué implica en la vida cotidiana endurecer las penas por tráfico de especies? En lo inmediato, la medida apunta a golpear a las redes organizadas que convierten a animales y plantas en mercancía, desde mercados negros locales hasta rutas internacionales. Si en efecto se eleva la gravedad del delito, podría aumentar la presión sobre capos y compradores finales y reforzar la persecución penal.
Pero endurecer penas sin reforzar investigación, procuración de justicia y cooperación internacional sería como poner candados nuevos a una puerta sin cambiar la cerradura. Las comunidades rurales y pueblos indígenas que dependen de recursos naturales necesitan salvaguardas: distinguir entre extractos criminales y actividades de subsistencia es clave para no criminalizar a la gente pobre. Además, el combate al tráfico de especies requiere más vigilancia en puertos y fronteras, inteligencia ambiental y coordinación con países demandantes, así como programas de alternativas económicas para quienes hoy participan en cadenas ilegales.
La propuesta llega en un contexto de promesas de cambio estructural en política ambiental y grandes inversiones en agua. Ahora corresponde a las y los diputados discutir cómo traducir esa intención en reformas legales con medidas efectivas de prevención, sanción y reparación, según lo que consignó el comunicado oficial de la Cámara de Diputados.