Reforma a la ley aduanera divide al pleno: soberanía fiscal vs riesgo económico
Un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que propone reformar la Ley Aduanera desató ayer un choque de posturas en el Pleno de la Cámara de Diputados. Según un comunicado oficial de la Cámara de Diputados (Boletín No. 4650, 6 de octubre de 2026), la iniciativa busca fortalecer a la autoridad aduanera para combatir la subvaluación, el contrabando y el llamado huachicol fiscal, pero varios partidos advierten sobre efectos colaterales para la economía real.
Desde Morena, la diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy defendió la reforma como una medida de justicia fiscal y defensa de la soberanía. Dijo que aduanas más fuertes protegen a trabajadores y pequeños negocios frente a la competencia desleal y al “saqueo de la nación”. En su visión, se trata de cerrar huecos por donde se pierden ingresos públicos sin convertir el comercio legal en un laberinto burocrático.
En el extremo opuesto, el PAN, a través del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, advirtió que la norma puede golpear la recaudación y la actividad productiva. La crítica central es el uso ampliado del embargo precautorio y el cambio en el umbral que, según el PAN, baja del 50 al 20 por ciento, lo que convertiría en sospechosos a muchos importadores y podría detener cadenas de suministro, encarecer la logística y retrasar entregas.
El PVEM, representado por Héctor Pedroza Jiménez, explicó que la reforma elimina el límite del 50 por ciento para que una diferencia de valor dé lugar a una revisión, pero también aclaró que esa diferencia no constituye, por sí sola, una irregularidad definitiva. Para Pedroza, el embargo precautorio es una medida preventiva y no una sanción, y el objetivo es contar con aduanas que faciliten el comercio de quienes cumplen y, al mismo tiempo, tengan herramientas para enfrentar la subvaluación.
El PT, por medio de José Antonio López Ruiz, insistió en que la reforma combate la subvaluación y el huachicol fiscal, que perjudican al erario y a los empresarios formales. Destacó que no se crean nuevos impuestos, sino mecanismos para verificar contribuciones, y anunció multas más severas para quienes intenten introducir hidrocarburos de manera irregular, con sanciones del 50 al 100 por ciento.
Otros diputados, como Christian Mishel Castro Bel, pidieron reglas claras para combatir el contrabando sin asfixiar el comercio legítimo.
¿Qué significa esto para la gente común? Si la reforma avanza, podría haber dos efectos cruzados. Por un lado, menos margen para el contrabando y la subvaluación puede traducirse en mayor recaudación y menos competencia desleal, lo que beneficia a empresas y trabajadores que cumplen. Por el otro, una aplicación amplia del embargo precautorio puede frenar envíos y encarecer insumos, lo que termina impactando precios, plazos de entrega y la operación de pequeñas y medianas empresas que viven de las importaciones.
En resumen, la reforma plantea un dilema clásico: más poder de fiscalización para proteger el interés público o el riesgo de que la medida se vuelva una especie de red que atrape a quienes importan legalmente por errores, dudas o criterios discrecionales. El dictamen fue discutido en sesión del Pleno y, según el comunicado oficial de la Cámara de Diputados, seguirá su cauce legislativo con la negociación entre fracciones como el principal frente abierto.
Con información de: Cámara de Diputados.