Impulsan Ley metropolitana tras revisar el Índice de Competitividad Urbana 2026
La Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados comenzó a dar forma a lo que promete ser la ley más ambiciosa para ordenar las ciudades del país. Así lo describe un comunicado oficial de la Cámara de Diputados que recoge la reunión entre legisladoras, académicos, investigadores y organizaciones civiles para analizar el Índice de Competitividad Urbana 2026 del IMCO.
La diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC), presidenta de la comisión, dijo que, tras diez foros y el cruce de datos y experiencias, se construye un proyecto de Ley General de Coordinación Metropolitana que busca que las ciudades sean más habitables, con mejor orden del territorio y movilidad que funcione como base de derechos. En la práctica, el objetivo es acercar servicios y empleos para que la gente deje de invertir horas en trasladarse.
El IMCO, representado por el investigador Daniel Suckerman, presentó el diagnóstico: 72 zonas metropolitanas analizadas, que concentran al 80 por ciento de la población. El índice se construyó con seis subíndices —innovación y economía, infraestructura, mercado de trabajo, sociedad y medio ambiente, derecho y sistema político y gobierno— y 35 variables comparables entre ciudades. Entre ellas aparecen desde camas de hospital y acceso al agua hasta hogares con internet, víctimas de accidentes viales y consumo energético vinculado a la inteligencia artificial.
Esos datos no son neutros. Suckerman recomendó actualizar la Ley de Vivienda para gestionar mejor el crecimiento y reactivar el fondo metropolitano, condicionando recursos a soluciones de última milla: bicicletas públicas, rutas alimentadoras e infraestructura peatonal. Es decir, no solo cemento, sino conectividad real para que la gente pueda caminar, pedalear o tomar transporte sin perder la mitad del día.
Desde la bancada del PT, la diputada Patricia Galindo Alarcón advirtió que la norma puede cambiar la vida de más del 85 por ciento de la población si se concreta. Trajo al debate un ejemplo concreto: Tecámac, Estado de México, pasó de 170 mil a casi 700 mil habitantes en 20 años sin servicios urbanos adecuados. Es la ilustración de una expansión que genera suburbios dormitorio donde las políticas se quedaron rezagadas y las autoridades priorizan lo electoral sobre lo esencial.
Tanto Salas Rodríguez como Galindo señalaron un punto clave: la ley sola no bastará si no va acompañada de una reforma constitucional que fije el concepto y las competencias de las zonas metropolitanas. También admitieron el reto político: lograr que todos los grupos parlamentarios asuman la iniciativa, porque sin consenso no habrá dientes que hagan respetar la norma en estados y municipios.
En la mesa también participó ONU Hábitat, que recordó que competitividad no es solo atraer inversión, sino crear condiciones urbanas que sostengan esa inversión y mejoren la calidad de vida. Para quienes viven en las metrópolis esto significa más posibilidades de empleo bien conectado, mejor acceso a salud y educación, y menos tiempo perdido en traslados.
El diagnóstico del IMCO y las propuestas de la comisión apuntan a problemas que la gente siente en lo cotidiano: vivienda no asequible, trayectos largos hasta el trabajo, falta de agua y servicios, mala gestión de residuos y un entorno inseguro. La promesa es transformar esos problemas en reglas claras y recursos condicionados; la pregunta es si la política podrá pasar de discursos y foros a una ley constitucionalmente anclada y con mecanismos de cumplimiento reales.
Los próximos pasos son presentar el proyecto en la Cámara de Diputados y negociar la reforma constitucional necesaria. Si se cumple lo anunciado en el comunicado oficial de la Cámara de Diputados, los habitantes de las grandes aglomeraciones podrían empezar a ver cambios en años, no décadas. Pero para eso haría falta que la ley tenga realmente «dientes» y que las autoridades de todos los niveles acepten dejar de administrar votos y empiecen a ordenar ciudades.