Exigen ocho años de cárcel para seis estudiantes tras denuncia de agresión sexual a menor en Lima
Seis jóvenes, todos estudiantes, permanecen internados en un centro de reclusión juvenil mientras el Ministerio Público investiga una denuncia por la presunta agresión sexual a un menor de 16 años ocurrida dentro de un bus urbano en Lima. Así lo reportó nuestro corresponsal Francisco Zacarías, que siguió desde la mañana las diligencias policiales y fiscales en la zona.
El abogado de la presunta víctima solicitó formalmente una pena de ocho años de cárcel para cada uno de los seis estudiantes y anunció que también presentará denuncias penales contra los adultos que estuvieron en el vehículo y que, según la denuncia, no habrían intervenido para evitar los hechos. Según el letrado, la medida busca no solo sancionar, sino también visibilizar la responsabilidad colectiva en espacios públicos.
La Fiscalía de Lima abrió una investigación preliminar y dispuso la toma de declaraciones, peritajes forenses y la revisión de las cámaras de seguridad de la ruta. La Policía Nacional del Perú colabora con las diligencias para ubicar testigos y reconstruir los hechos. Entre las pruebas que se esperan están los reportes médicos y las declaraciones juradas de los pasajeros que iban en el bus.
Este caso desnuda, además de la gravedad del hecho, fallas institucionales recurrentes: la falta de mecanismos efectivos para proteger a adolescentes en el transporte público y la demora en respuesta frente a denuncias sensibles. Organizaciones que trabajan en derechos de la niñez coinciden en que sin protocolos claros y sin campañas sostenidas de prevención, los espacios urbanos seguirán siendo riesgosos para jóvenes y mujeres.
Para el abogado de la presunta víctima, citado por Francisco Zacarías, es indispensable que la investigación se realice con celeridad y que las autoridades ofrezcan medidas de protección inmediatas al menor. También pidió que se investigue a los adultos presentes en el bus por posible omisión de auxilio, un delito que suele quedar fuera del foco cuando los casos se circunscriben a los agresores directos.
Desde una mirada crítica y constructiva, el episodio exige respuestas en dos frentes: sanción proporcional a los presuntos responsables y políticas públicas que garanticen seguridad en el transporte, educación sexual integral y vías eficaces de denuncia. Sin esos cambios, la sociedad seguirá pagando el costo humano de la negligencia institucional.
La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías seguirá ampliando la información conforme avance el proceso y las autoridades ofrezcan nuevas precisiones.