Diputados aprueban endurecer penas contra piratería y proteger propiedad intelectual
La Cámara de Diputados aprobó —en lo general y en lo particular— un paquete de reformas penales y civiles que endurece las sanciones contra la piratería, la falsificación y otros delitos contra la propiedad intelectual, y que ahora fue remitido al Ejecutivo para su promulgación, según un comunicado oficial de la propia Cámara de Diputados.
La votación quedó en 281 votos a favor y 87 en contra. La minuta modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; la iniciativa original provino de la presidencia de la República, y los cambios fueron discutidos y propuestos por diputados de Morena, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano.
Entre lo más relevante está el reemplazo del criterio jurídico de «ánimo de lucro» por el de «escala comercial». Es decir, ya no hará falta demostrar que el infractor buscaba ganar dinero directamente: bastará probar que su conducta perjudicó de forma significativa la posición en el mercado del titular del derecho. En el lenguaje cotidiano, se penaliza el efecto y no solo la intención económica visible.
También se endurecen penas concretas. Quien divulgue, publique o distribuya sin autorización obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial podrá enfrentar de cuatro a diez años de prisión y una multa equivalente a dos mil a veinte mil días de salario integrado (días multa). Si a escala comercial se suprime o altera, a sabiendas, información sobre gestión de derechos, la pena será de tres a siete años de prisión y mil a diez mil días multa.
La reforma actualiza además las reglas sobre reparación del daño. El monto a resarcir no podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo implicado. Alternativamente, la víctima podrá optar por una cantidad entre 340 y 50,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cifra que deberá ajustarse según la conducta, la difusión y el perjuicio causado. En la práctica esto sube la factura para quien vende o reparte copias pirata: la sanción económica será sustancial y proporcional al daño en el mercado.
En el terreno de la propiedad industrial, la ley incorpora nuevos supuestos delictivos y sanciona la falsificación de marcas considerando también la escala comercial. Se añade un artículo específico (403 Bis) para castigar la utilización o reproducción, a escala comercial, de identidad gráfica institucional, dominios o documentos oficiales con la intención de engañar y cometer ilícitos. Esa conducta tendrá pena de hasta cinco años de prisión y multa de mil a diez mil UMA.
Los artículos de la ley relacionados con reparación del daño, mercancías de viajeros y bienes bajo control aduanero (406 a 406 Sexies) se actualizan en el mismo sentido, buscando mayor armonía con compromisos internacionales de México.
¿Qué cambia para la gente? Para consumidores y pequeños comerciantes el mensaje es doble. Por un lado, el gobierno promete proteger a creadores y empresas que dependen de ventas legales; por otro, las sanciones más duras pueden aumentar el riesgo legal para quienes comercializan dispositivos o contenidos pirateados, incluso si no buscaban un lucro directo, solo operar en volumen. También se endurecen penalidades para quienes falsifican documentos o suplantan identidades institucionales, lo que apunta a combatir fraudes digitales y estafas que sí afectan directamente a la ciudadanía.
Durante la sesión se presentaron y retiraron numerosas propuestas de modificación; algunas fueron rechazadas y otras se inscribieron en el Diario de los Debates para quedar registradas oficialmente, instrucción del presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, según el comunicado oficial.
El dictamen que ahora va al Ejecutivo modifica varios artículos del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial e incluye transitorios cuyo objetivo es la entrada en vigor y la armonización con normas internacionales.
Queda pendiente que el Ejecutivo decida promulgar el decreto. Si lo firma, las nuevas sanciones y reglas comenzarán a producir efectos legales y cambiarán el cálculo para quienes se dedican a la piratería, la falsificación y el fraude con identidad institucional. Para los usuarios, el cambio busca principalmente proteger mercados creativos y reducir riesgos de engaño, pero también obliga a estar atentos: la frontera entre una infracción menor y un delito a «escala comercial» ahora es más estrecha.