Comisión de Infraestructura aprueba PPEF 2027 y exige 30,000 mdp extra para obras
La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados aprobó este viernes su opinión favorable al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 en lo que corresponde al Ramo 9, pero condicionó su visto bueno con una demanda clara: agregar 30,000 millones de pesos adicionales para obras en las 32 entidades federativas. La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.
La votación terminó 29 a favor y uno en contra. El presidente de la comisión, el diputado Roberto Armando Albores Gleason (PT), dijo que la instancia acompañará el proyecto del Ejecutivo, pero que es necesario reforzarlo con recursos etiquetados: 20,000 millones para conservación de carreteras, 6,000 millones para caminos rurales y alimentación, y 4,000 millones para caminos artesanales. La intención, explicó, es que el dinero ya llegue con destino preciso a cada entidad.
No es solo una petición numérica. Albores Gleason recordó que en marzo pasado se aprobó la Ley de Infraestructura Estratégica y que con ella ya se impulsan 16 corredores carreteros que suman más de 1,600 kilómetros, como Salina Cruz-Zihuatanejo y Pachuca-Huejutla. También destacó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) plantea erogar más de 163,000 millones en 2027, lo que la coloca entre las mayores ejecutoras de inversión del país.
En el PPEF presentado, el Ramo 9 registraría un crecimiento real de 4.6% y una apuesta importante al sistema ferroviario, con más de 108,000 millones de pesos. Para conservación carretera ya se prevén 50,000 millones, y existen “bolsas” presupuestales destinadas a carreteras, ferrocarriles y otros rubros. La Comisión propone que 20,000 millones provengan de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) y que 10,000 millones se reubiquen desde partidas plurianuales del ferrocarril, aprovechando recursos no etiquetados para obras específicas.
El propio boletín oficial detalla la redistribución propuesta: 20,000 millones saldrían del Ramo 30 (ADEFAS), 4,000 millones del Ramo 9 en “Provisiones sin proyecto asignado”, 3,000 millones del Ramo 13 destinados al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y 3,000 millones del Ramo 16 (Conagua).
Fuera del intercambio técnico, las intervenciones de legisladores reflejaron demandas concretas de las entidades. La diputada Verónica Martínez (PRI) celebró que ahora sí haya partidas etiquetadas para cada estado; Martha Olivia García Vidaña (Morena) pidió transparencia sobre qué proyectos concretos recibirán recursos, con el ejemplo de la ampliación de la carretera Durango-Guanaceví, que tiene proyecto pero no financiamiento. Humberto Ambriz (PRI) urgió a que se exhorte a concesionarios de autopistas de cuota para que mantengan sus vías, pues muchas se encuentran en mal estado pese a que los usuarios pagan peaje.
Voces de distintos partidos coincidieron en pedir claridad: la diputada Silvia Patricia Jiménez (PAN) ofreció un voto de confianza condicionado a que la SICT explique por qué no se han concretado ampliaciones demandadas por los estados; el diputado Jonathan Puertos (PVEM) reclamó datos precisos sobre montos y conceptos de obra; y diputados de Morena solicitaron desagregar cuánto recibirá cada entidad y en qué se invertirá, pues —dijeron— hay asignaciones grandes, como la de Veracruz por 16,911 millones, sin especificar destino.
Qué significa esto para la gente. Si la propuesta de la Comisión prospera en la discusión presupuestaria, habría más recursos enfocados a conservar las carreteras que usan diariamente miles de camioneros, transportistas y familias que viajan entre municipios. Los 6,000 millones para caminos rurales y de alimentación pueden traducirse en mejor acceso a mercados para productores pequeños; los 4,000 millones para caminos artesanales buscan atender trazos locales que comunican comunidades remotas. Pero hay un riesgo: la propuesta depende de reasignar partidas de rubros ya etiquetados, como ADEFAS y fondos del ferrocarril, lo que puede generar controversia y retrasos si no hay claridad sobre las obras específicas.
El siguiente paso formal es que la opinión de la Comisión de Infraestructura se envíe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se decidirá si se incorpora la ampliación de 30,000 millones al PPEF definitivo. En la práctica, la decisión determinará si proyectos pendientes —desde ampliaciones carreteras hasta conservación rutinaria— pasan de promesa a obra visible en las carreteras y caminos del país.
La Cámara de Diputados emitió el boletín con los pormenores de la sesión; ahora queda ver si la negociación presupuestaria cumple con etiquetar recursos claros y calendarios de obra, y si la SICT responde con planes y supervisión que eviten que el dinero se diluya en trámites y retrasos.