Chofer de la presidenta del INE registrado como «líder de proyecto» y percibe casi 70 mil pesos
Luis Alberto Bustamante, identificado en la nómina pública del Instituto Nacional Electoral (INE), figura adscrito como *Líder de Proyecto* y cobra casi 70 mil pesos mensuales, según los registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y la propia nómina del INE. El hallazgo reabre el debate sobre discrecionalidad en plazas y sueldos en organismos que tienen a su cargo la salvaguarda de la democracia.
La noticia encendió cuestionamientos inmediatos: para la sociedad, ver a un chofer con la etiqueta de «líder» suena a pastel repartido fuera de receta oficial. En tiempos en que cada peso público se mide con lupa, este tipo de coincidencias alimenta la sensación de que la administración pública funciona a veces como una choza con llave: dentro, se acomodan roles y sueldos; fuera, la ciudadanía paga la cuenta.
El caso no es sólo simbólico. Un salario cercano a 70 mil pesos mensuales en un puesto que, por su denominación, debería implicar responsabilidad técnica y gestión, exige claridad sobre funciones, perfiles y resultados. Si el cargo existe y se desempeña con productividad verificable, la explicación debe ser pública y documentada. Si no, se trata de un problema de diseño institucional que erosiona la confianza.
La transparencia del INE permite comprobar el registro, pero no sustituye a la necesidad de respuestas. El instituto enfrenta la obligación de explicar cómo se clasifican puestos, qué perfil profesional exige la posición de «líder de proyecto» y, en su caso, presentar evidencias de las tareas realizadas por Bustamante. También corresponde a instancias de control como la Secretaría de la Función Pública revisar si hubo irregularidades en la contratación o en la asignación salarial.
La crítica no debe confundirse con animadversión gratuita. El INE es crucial para la vida pública y su fortaleza pasa por prácticas administrativas limpias y competentes. Cuando aparecen casos como este, la solución no es esconder a la luz bajo la alfombra, sino revisar procesos, depurar plazas y ajustar normas para que plazas estratégicas requieran perfiles acordes y resultados medibles.
En México, la confianza en las instituciones se gana con explicaciones claras y rendición de cuentas. Que la nómina del INE sea pública es un avance; que se aproveche para depurar anomalías es una exigencia ciudadana. La pregunta ahora es simple: ¿habrá una respuesta contundente del INE y acciones de control que restauren la credibilidad, o seguiremos viendo ajustes de nombre y bolsillo que la ciudadanía no entiende ni acepta?
Fuente: nómina pública del INE y Plataforma Nacional de Transparencia.