Diputados aprueban opinión para que 20% del FASP se asigne según incidencia delictiva
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó este martes una opinión al Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 que plantea cambiar cómo se reparten recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). La propuesta, avalada con 23 votos a favor y tres en contra, recomienda que al menos el 20% de ese fondo se distribuya entre municipios y demarcaciones de la Ciudad de México considerando no solo la población, sino también la incidencia delictiva y el avance en programas estatales de profesionalización, equipamiento, tecnología e infraestructura.
La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.
En la práctica, el cambio busca que el dinero llegue más a donde hay más delitos y donde los programas de seguridad están menos avanzados. Es una idea simple: si un municipio enfrenta más robos, extorsiones o violencia organizada, debería recibir una porción mayor del FASP para reforzar a sus policías locales. La diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la comisión, dijo que la opinión es positiva pero con propuestas concretas para que el presupuesto rinda y se traduzca en “resultados verificables” para la población.
Además de ese criterio de distribución, la Comisión propone una reasignación interna de 2,000 millones de pesos dentro del Ramo 36 “Seguridad y Protección Ciudadana”: aumentar en 2,000 millones el programa U002, “Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública” (de 1,201.1 a 3,201.1 millones) y reducir en la misma cantidad el programa M001, “Actividades de apoyo administrativo” (de 9,910.4 a 7,910.4 millones). Según la comisión, la maniobra no cambia el monto global del ramo —estimado en 64,486.9 millones para 2027, un incremento nominal de 7.3% respecto a 2026—, sino que pretende priorizar recursos operativos frente a gastos administrativos.
Si se concreta, la reasignación implicará que más recursos lleguen directamente a fortalecer policías estatales y municipales: entrenamiento, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. Para la ciudadanía, eso podría traducirse en policías mejor preparados, más presencia en zonas conflictivas y mayor capacidad de investigación en delitos de alto impacto como secuestro o extorsión. Pero también hay un lado práctico: la comisión pide que las reducciones en el programa administrativo se hagan sin afectar las funciones sustantivas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, que el ahorro venga de rubros realmente prescindibles.
En su análisis, la Comisión revisó no solo los montos, sino la estructura programática y las nuevas funciones en materia de inteligencia, Plataforma México, el sistema penitenciario, prevención social y coordinación con entidades federativas y municipios. Los legisladores destacaron avances en recursos para investigación y en la consolidación de unidades especializadas contra delitos de alto impacto, pero también señalaron áreas que requieren ajustes: de ahí la insistencia en incorporar la incidencia delictiva como criterio para repartir parte del FASP.
El enfoque no altera el tamaño del pastel presupuestario, sino cómo se reparte una porción de él. Para algunos gobiernos municipales que hoy reciben menos apoyo, la medida puede representar alivio inmediato; para otros, un recorte relativo. Y para la ciudadanía, el reto será comprobar que esos recursos adicionales realmente mejoran la seguridad, en lugar de quedarse en papeles o trámites administrativos. La opinión de la Comisión será parte del debate presupuestal en los próximos pasos legislativos sobre el PPEF 2027.
La discusión toca un punto sensible: buena parte de las capacidades de seguridad pública opera en otros ramos, como Defensa Nacional y Guardia Nacional. La comisión dijo que su lectura del presupuesto es integral y no fragmentada, pero la coordinación real entre niveles y dependencias seguirá siendo clave para que cualquier reasignación tenga efecto en calles y barrios.
En resumen, la Cámara, según el comunicado oficial, apuesta por una distribución más vinculada a la realidad delictiva y por llevar recursos desde estructuras administrativas hacia fortificar a las policías locales. El siguiente paso será ver si estas recomendaciones se incorporan de forma definitiva al presupuesto y cómo se fiscaliza su uso para que el cambio no quede sólo en buenas intenciones.