Senado impulsa pagos digitales y deja en riesgo a usuarios y comercios
Por Redacción
El proyecto que hoy discute el Senado obliga a proveedores de servicios a «realizar las acciones necesarias para aceptar transacciones digitales como método de pago», según el texto difundido por el propio Senado. La intención oficial es modernizar la economía y reducir la informalidad, pero en la práctica la medida podría empujar a millones hacia un sistema donde el efectivo pierde protagonismo sin garantizar acceso y protección para todos.
Hay ventajas evidentes: pagos más rápidos, trazabilidad que facilita combatir fraudes y evasión, y menos riesgos físicos asociados al manejo de dinero en efectivo. Organismos como el Banco Mundial han resaltado que la digitalización puede aumentar la inclusión financiera cuando va acompañada de políticas públicas de apoyo. El gobierno y senadores aliados sostienen ese argumento y prometen beneficios para pequeños comercios y consumidores.
Sin embargo, expertos consultados y comerciantes alertan sobre costos ocultos. La obligatoriedad de aceptar medios digitales puede significar comisiones, inversión en dispositivos y mayor dependencia de redes y energía. Según fuentes del Banco Central, buena parte de las micropymes y trabajadores informales siguen operando en efectivo por razones de costo y acceso. Para ellos, la transición será una lupa sobre ingresos que hoy quedan fuera de registros y, en muchos casos, un aumento de costos operativos.
«Si me obligan a aceptar pagos por código y me cobran comisiones, mi margen se termina», cuenta un comerciante de barrio, que pidió no ser identificado. Esta voz resuena en ferias y puestos ambulantes, donde el teléfono con señal inestable o la falta de conexión a internet son la norma, no la excepción.
También hay un capítulo de privacidad y seguridad. La trazabilidad que aplauden las autoridades implica perfiles transaccionales que pueden ser explotados por empresas privadas o convertirse en riesgo si no hay reglas claras. Organizaciones por la protección de datos piden garantías sobre límites de uso, transparencia y sanciones administrativas, reclamos que hasta ahora no aparecen con fuerza en el texto del Senado.
El proyecto puede ser una oportunidad si se acompaña de políticas activas: subsidios a terminales para microemprendedores, redes de conexión en zonas periféricas, tasas diferenciales para pequeños vendedores y normas de protección de datos. Sin esos complementos, la ley corre el riesgo de transformar una modernización necesaria en una presión adicional sobre los más vulnerables.
La pelota ahora está en la Cámara alta. El debate no debería reducirse a tecnología versus tradición; se trata de elegir qué modelo de modernidad queremos: uno que empuje a la gente hacia más control y acceso, o uno que deje al descubierto las brechas y las cobre con intereses y comisiones. El Senado tiene la responsabilidad de escuchar a quienes cargan la cartera, no solo a los que proponen la billetera digital.
Fuentes: texto del proyecto, Senado; informes del Banco Central; análisis del Banco Mundial; entrevistas con comerciantes locales.