Riva palacio responsabiliza a zoé robledo por bloqueo en compra de fármacos
En su reciente columna, el periodista Riva Palacio acusa al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, de haber impedido soluciones a la crisis de abasto de medicamentos mediante maniobras internas, descalificaciones de licitaciones y alianzas de poder ocultas a la presidenta Sheinbaum. El señalamiento, publicado por Riva Palacio, vuelve a poner en el centro el debate sobre transparencia y eficacia en la compra pública de medicamentos.
Según el autor, las decisiones administrativas en el IMSS habrían sustituido criterios técnicos por manejos políticos que atrasaron compras y provocaron desabasto en tratamientos clave. La columna plantea que estas prácticas, además de opacas, habrían sido mantenidas fuera del conocimiento de la titular del Ejecutivo, lo que explicaría por qué medidas centrales no lograron revertir la escasez.
La falta de fármacos no es un problema abstracto: afecta a pacientes oncológicos, diabéticos y quienes dependen de tratamientos continuos. Familias que antes tenían la tranquilidad de un surtido regular de medicamentos han tenido que recurrir a compras en el mercado privado o a posponer terapias. Es una cadena que se rompe pieza por pieza cuando las compras públicas fallan.
Riva Palacio documenta, según su relato, casos de licitaciones descalificadas sin justificación clara y de contratos direccionados que habrían beneficiado a redes de proveedores ligadas a decisiones internas. Estas acusaciones demandan respuestas concretas del IMSS y de las instancias de fiscalización: la opacidad, como dice la columna, actúa como arena movediza: mientras menos se ve, más hunde a los pacientes.
El efecto político también está en la cancha pública. Si la presidencia ignoró maniobras internas, como sugiere Riva Palacio, la solución exige no solo cambios operativos sino mecanismos institucionales de supervisión más fuertes: auditorías exhaustivas, transparencia en expedientes de contratación y la publicación de criterios técnicos que justifiquen descalificaciones.
El diagnóstico del columnista coincide con demandas recurrentes de organizaciones civiles y colectivos de pacientes: compras claras, calendarios de abasto y sanciones a prácticas irregulares. Pero también conviene matizar: responsabilizar a una sola persona no reemplaza la necesidad de un diagnóstico sistémico. El problema del abasto tiene raíces en procesos, estructuras de compras y en la capacidad de planeación del sistema de salud.
La salida requiere combinar investigación y propuestas. Auditar las licitaciones señaladas por Riva Palacio, publicar resultados y garantizar la participación de especialistas independientes serían pasos inmediatos. A mediano plazo, profesionalizar las compras consolidadas y blindar criterios técnicos contra intereses políticos es la medicina preventiva que el sistema necesita para evitar nuevas crisis.
Mientras tanto, quienes pagan el costo son los pacientes. Como dice la columna de Riva Palacio, es urgente que la salud pública deje de moverse a empujones políticos y comience a funcionar con reglas claras. La transparencia y la rendición de cuentas no son gestos administrativos: son la condición para que nadie vuelva a quedarse sin su tratamiento.