Diputados aprueban Ley de Ingresos 2027 con 10.6 billones y choque político por deuda
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para 2027 que estima una recaudación total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. La información proviene de un comunicado oficial de la propia Cámara de Diputados, donde los grupos parlamentarios expusieron sus posiciones y empezaron a trenzarse en un choque político centrado en el costo y el destino de la deuda pública.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, proyecta que los ingresos tributarios serán de alrededor de 6.2 billones de pesos, una cifra que el gobierno y sus aliados califican como histórica y necesaria para sostener los programas sociales que hoy son derechos constitucionales. Según Morena, esos recursos y una mayor eficiencia recaudatoria permitirán consolidar un sistema fiscal más progresivo y combatir la evasión.
Pero la aprobación no fue sin fricciones. El PAN puso el dedo en la llaga: la Ley incorpora 1.7 billones de pesos de nueva deuda, dijo la diputada Eva María Vásquez Hernández, y advirtió que endeudarse tiene sentido solo si se traduce en infraestructura productiva —hospitales, escuelas, carreteras, sistemas hidráulicos— y no en tapar hoyos fiscales sin explicar para qué se pidió el préstamo. También criticó la falta de apoyos concretos, por ejemplo, que no se eliminó el impuesto sobre el aguinaldo ni hay recursos para promoción turística o combate al sargazo.
Desde el PRI, Yerico Abramo Masso advirtió que el costo financiero de la deuda presiona el gasto en salud, educación e infraestructura. Citó que para 2027 el costo financiero llegará a aproximadamente 1.67 billones de pesos y advirtió que México está pidiendo prestado para mantener nóminas y pensiones, en vez de invertir en crecimiento productivo.
Diputados del PVEM y del PT defendieron el paquete. El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) subrayó que descontando la inflación el crecimiento real de los ingresos es de 1.1 por ciento respecto a 2026 y que la recaudación por impuestos aumentaría alrededor de 3.9 por ciento. Reginaldo Sandoval (PT) coincidió en que no hay nuevos impuestos y calificó la Ley como adecuada en sus planteamientos macroeconómicos, aunque reconoció que los recursos seguirán siendo insuficientes frente a todas las demandas sociales.
En el debate quedó claro el conflicto central: más ingresos previstos y una recaudación histórica en papel, pero también un salto en el endeudamiento que divide a grupos que aceptan deuda condicionada a inversión productiva y quienes sospechan que será para gasto corriente. Para la gente común esto significa dos riesgos concretos: que aumente la carga a futuras generaciones si la deuda no se destina a activos productivos, y que, si no mejora la eficiencia del gasto, los servicios públicos continúen con recortes o mala calidad.
Lo aprobado marca las cifras base para el presupuesto 2027: sirven como brújula para el Gobierno y los congresos que discutirán cómo se gastará cada peso. Pero la discusión política seguirá enrarecida: el foco se desplazará ahora a la presentación del paquete económico y al debate sobre el Presupuesto de Egresos, donde se decidirá si la deuda se traduce en obras y servicios tangibles o en un parche contable.
En resumen, la Ley de Ingresos 2027 fija metas ambiciosas de recaudación y mantiene la promesa de financiar programas sociales, pero abre una cuenta pendiente sobre la sostenibilidad de la deuda y la transparencia en su uso. Como dice el comunicado oficial de la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios ya dejaron claras sus posturas; queda por ver si, más adelante, esas diferencias terminarán en acuerdos que beneficien a la mayoría o en decisiones que transferirán la factura a las próximas generaciones.