Diputados aprueban Ley de Ingresos 2027; amplían regularización fiscal sin tope
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que estima una recaudación total de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos. La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.
La votación final fue de 340 a favor, 109 en contra y cero abstenciones. El documento, que forma parte del Paquete Económico enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se remitió ya al Senado para su discusión y eventual promulgación.
El cambio más polémico y con mayor impacto práctico fue aprobado a propuesta del diputado Ricardo Monreal (Morena): la eliminación del tope de 300 millones de pesos en el Programa de Regularización Fiscal. En la práctica, eso significa que ahora la totalidad de contribuyentes con adeudos fiscales —incluidos los grandes deudores— podrán acceder al esquema que reduce multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que paguen el impuesto principal.
Desde la bancada oficial se insiste en que no se trata de una condonación ni de una exención: primero hay que pagar el impuesto que se debe para poder acceder a la reducción de sanciones administrativas. En palabras de Monreal, la intención es lograr “una recuperación efectiva, reducir controversias fiscales, generar certidumbre jurídica que favorezca la inversión, el crecimiento económico y fortalecer las finanzas públicas”.
Pero la medida abrió un claro contraste político. Diputados de oposición la calificaron de borrón y cuenta nueva disfrazada. El panista Federico Döring dijo que el texto es “tan mal hecho” que parece buscar un perdón para créditos fiscales mayores a 300 millones, y señaló que no beneficia a trabajadores o pequeñas empresas. El priista Emilio Suárez sostuvo que la propuesta puede ser inconstitucional al pretender transformar una condonación en un “estímulo” fiscal.
Los defensores del cambio respondieron que ampliar el acceso sólo optimiza un programa ya existente y permite incorporar a quienes, por su tamaño, antes quedaban fuera. Monreal calculó que el ajuste podría tocar hipotéticamente a cerca de 30 millones de contribuyentes, entre personas físicas y morales, incluidos unos 16 mil grandes contribuyentes que aportan importante parte de la recaudación.
¿Qué significa esto para la gente? Para contribuyentes pequeños y medianos el efecto directo podría ser limitado: el beneficio solo opera si se paga el impuesto principal adeudado, por lo que no es alivio automático a deuda acumulada. Para empresas grandes, en cambio, se abre la puerta a arreglos que reduzcan el costo administrativo de viejos adeudos y, potencialmente, a liberar recursos para inversión o empleo.
Sin embargo, hay una tensión real: si el incentivo resulta en descuentos sustanciales de multas y recargos para grandes deudores, el costo fiscal podría trasladarse a corto plazo al erario y, a la larga, a la percepción pública sobre equidad tributaria. Es la clásica decisión entre priorizar recaudación inmediata y limpieza de cartera versus riesgo de impunidad fiscal para quienes más debían pagar.
Además del cambio en la regularización, la Ley de Ingresos en su conjunto fija las expectativas de recaudación y es la base del Presupuesto de Egresos que definirá cómo se gastarán esos recursos en 2027. La Cámara de Senadores recibirá ahora el dictamen para su trámite constitucional y posibles modificaciones.
En resumen: el Congreso aprobó la Ley de Ingresos 2027 y eliminó el tope que impedía a grandes contribuyentes acceder a reducciones de multas y recargos, siempre y cuando cubran el impuesto principal. La decisión promete más recursos en el corto plazo y certidumbre para empresas, pero también genera dudas sobre equidad y el tamaño del costo fiscal que podrían representar esos estímulos.