Un tercio de los argentinos vive en pobreza, reporta el Indec
Los datos del primer semestre de 2026 muestran un salto en la pobreza y la indigencia que condiciona el día a día de millones
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este 24 de septiembre un dato que vuelve a encender alarmas: la tasa de pobreza alcanzó el 32,3% en el primer semestre de 2026, es decir, casi uno de cada tres habitantes. Se trata de un aumento de cuatro puntos respecto al segundo semestre de 2025. En paralelo, la indigencia subió al 7,5% desde 6,3% en el mismo periodo anterior.
El informe del INDEC indica una tensión conocida para muchas familias: aunque los ingresos de los hogares mostraron algún crecimiento en términos nominales, la canasta básica de alimentos se encareció a un ritmo mayor, erosionando poder adquisitivo y empujando a más hogares por debajo de la línea de pobreza. Es la foto de una recuperación incompleta, donde los números no alcanzan para llegar a fin de mes.
En la práctica esto se traduce en decisiones cotidianas: menos comida en la mesa, postergación de tratamientos médicos, escolaridad condicionada por la necesidad de generar ingresos y mayor dependencia de compras a crédito o redes informales de ayuda. Nuestro corresponsal, Natalio Cosoy, recorrió ferias y comercios de barrios populosos y constató colas más largas en programas sociales y consultas frecuentes sobre cómo estirar la plata hasta cobrar salario o jubilación.
Los economistas consultados por este diario coinciden en que la lectura no es una sorpresa aislada: la inflación sostenida, en especial de alimentos, combina con una recuperación del empleo que aún es débil en calidad y remuneración. El resultado son hogares que tienen trabajo pero no ganan lo suficiente para cubrir la canasta básica.
Desde el punto de vista de políticas públicas, el salto en pobreza obliga a revisar instrumentos de asistencia, indexación de beneficios y medidas que apunten a asegurar ingresos reales. Es momento de priorizar iniciativas que protejan a los más vulnerables —transferencias focalizadas, subsidios a alimentos y mejoras en la red de acceso a la salud y la educación— y de evaluar su sostenibilidad fiscal.
El dato del INDEC plantea, además, un desafío político: cómo compatibilizar la disciplina macroeconómica con respuestas sociales que no dejen a amplios sectores al borde. La discusión debería incluir a gobiernos, sindicatos, movimientos sociales y organizaciones civiles para diseñar medidas que alivien con rapidez y promuevan trabajo de calidad a mediano plazo.
El informe del INDEC no es solo una cifra: es la radiografía de vidas que se estrechan frente a la suba de precios. Responder a ese diagnóstico exige medidas urgentes y un debate público profundo sobre prioridades económicas y justicia social.
Informe de nuestro corresponsal, Natalio Cosoy. Fuente: INDEC.