Alertan sobre cambios con la nueva credencial del Bienestar y qué significa para los adultos mayores
La Secretaría de Bienestar anunció la apertura del registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud, que según la dependencia garantiza atención médica gratuita para personas adultas mayores.
La promesa suena a alivio: una identificación que abre la puerta a consultas, medicamentos y pruebas sin cobro. Pero como en toda reforma que pretende ser “un todo” de la noche a la mañana, los detalles marcan la diferencia entre una medida efectiva y otra que se queda en buenas intenciones. Según la Secretaría de Bienestar, la credencial busca consolidar el acceso a la salud en un solo documento; sin embargo, especialistas y organizaciones sociales advierten riesgos prácticos que podrían dejar fuera a quienes más la necesitan.
En la práctica, la credencial pretende homologar servicios que hoy ofrecen distintas instituciones. Para usuarios, esto puede representar menos trámites y menor gasto; para el sistema, implica un gran esfuerzo logístico: actualizar bases de datos, dotar de medicamentos a centros rurales y coordinar recursos entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud. Si la coordinación falla, la credencial será solo un papel con promesas.
Doña María, de 73 años y vecina de la Ciudad de México, resume la preocupación de muchos: “Si me dicen que ahora todo será gratis, me alegro, pero lo que quiero es que haya medicinas y que no me manden de un lado a otro.” Su comentario pinta la metáfora más clara: la credencial puede ser la llave, pero si no hay puertas abiertas ni camino pavimentado, la llave no sirve.
Entre los cambios concretos que la Secretaría señala están la centralización del trámite de registro, la expedición de la credencial sin costo y la atención prioritaria en unidades participantes. No obstante, persisten preguntas sobre la cobertura real de tratamientos crónicos, la disponibilidad de especialistas y los tiempos de espera. Investigadores en salud pública y grupos de defensa de derechos señalan además la necesidad de transparencia en la distribución de recursos y en el padrón de beneficiarios.
El impacto positivo sería claro: reducción de gastos de bolsillo para quienes dependen de pensiones limitadas, mayor continuidad en tratamientos y menos trámites administrativos. Pero el lado negativo puede ser igual de tangible: exclusiones por requisitos documentales, saturación de clínicas locales y desabasto de medicamentos básicos si no se refuerzan los presupuestos y la logística.
La responsabilidad ahora recae en la implementación. La Secretaría de Bienestar debe ofrecer información clara sobre requisitos, canales de registro y plazos, y coordinar con la Secretaría de Salud para asegurar abasto y personal capacitado. Al mismo tiempo, la sociedad civil tiene un papel para monitorear el proceso y reportar fallas.
En resumen, la nueva credencial puede ser una herramienta decisiva para mejorar la vida de las personas mayores, pero no será suficiente por sí sola. La diferencia la marcarán la transparencia, la coordinación institucional y la voluntad real de invertir en salud pública. La recomendación práctica para quienes busquen registrarse es acudir a las oficinas locales de la Secretaría de Bienestar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio, y exigir información precisa y comprobable sobre los beneficios y las unidades médicas adheridas.
La política suena bien en el papel; el reto es convertirla en salud cotidiana y disponible. La Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud tienen ahora la oportunidad de demostrarlo, y la ciudadanía, el derecho de vigilar que así sea.