Residentes denuncian años de insalubridad y mala calidad alimentaria en comedor del Hospital General
Residentes médicos del Hospital General han comenzado a hablar abiertamente sobre lo que describen como un historial prolongado de malas prácticas en el comedor institucional: desde higiene deficiente hasta raciones que pondrían en riesgo la recuperación de pacientes y la salud del personal. Las declaraciones, recabadas por este medio, apuntan a un problema estructural que afecta a trabajadores, familiares y enfermos por igual.
«No es solo que la comida sepa mal, es que muchas veces viene fría, mal conservada y con olores extraños», dice una residente de medicina interna que pidió anonimato por temor a represalias. Otro testimonio recoge episodios de diarrea y malestar estomacal entre compañeros después de comer en el comedor.
Los residentes consultados por este periódico relatan prácticas repetidas: falta de controles de temperatura en los alimentos, deficiente limpieza de utensilios y áreas de preparación, y proveedores que no parecen pasar auditorías claras. «Es como si fuera una cocina de cualquier lado, no la de un hospital», añade una enfermera que también come allí.
En términos prácticos, la situación tiene consecuencias. La calidad alimentaria en un hospital influye en la recuperación de los pacientes, en la prevención de infecciones y en la capacidad de los equipos para cumplir turnos extenuantes. Si la comida falla, las políticas públicas de salud se ven directamente socavadas: aquello que debería ayudar a sanar, puede enfermar más.
Contactado por este periódico, el área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud del estado reconoció que existen protocolos para los comedores hospitalarios y que en caso de reportes formales se activa un proceso de verificación. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, figura entre las instancias con facultades para inspeccionar y sancionar, aunque no se reportaron públicamente sanciones recientes contra este comedor en los registros disponibles.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) asegura estar al tanto de quejas laborales y alimentarias en distintos centros, y reclama que la falta de inversión y la tercerización de servicios han complicado garantizar estándares mínimos. «Cuando se recorta en alimentación y mantenimiento, se recorta en salud pública», señala un representante sindical en entrevista con este medio.
Las causas que señalan residentes y trabajadores confluyen en dos ejes: negligencia administrativa y presión de costos. En muchas instituciones, los contratos con proveedores externos priorizan precio sobre calidad y, sin controles periódicos y sanciones efectivas, la situación empeora. Es una falla de gestión que tiene rostro humano: pacientes que no comen bien, médicos con malestar y trabajadores que temen denunciar por represalias.
Especialistas en salud pública consultados por este periódico advierten que la solución no es solo cambiar de proveedor. Requiere auditorías independientes, protocolos públicos y participación ciudadana. También apuestan por la transparencia: que los resultados de inspecciones y los contratos de servicios sean accesibles para la comunidad.
Frente a la presión de los residentes, la dirección del Hospital General informó a este medio que abrirá una revisión interna del servicio de alimentación y convocará a instancias sanitarias para una verificación externa. La respuesta llega después de semanas de quejas internas, pero para muchos trabajadores es apenas un primer paso.
La historia del comedor del Hospital General no es un caso aislado; refleja tensiones nacionales sobre cómo se gestionan los servicios en instituciones públicas de salud. La ciudadanía tiene derecho a saber si los recursos destinados a hospitales se traducen en comida segura y en condiciones dignas para quienes curan y se curan.
Este periódico mantendrá un seguimiento de las inspecciones y hará públicos los hallazgos. Mientras tanto, residentes y trabajadores piden acciones concretas: auditorías externas, protocolos de suministro claros, sanciones a proveedores que incumplan y mecanismos de protección para quienes denuncian. La salud pública merece una cocina que no enferme.