Asesinato del vidente televisivo Farath Coronel sacude a Cuautitlán Izcalli
El cuerpo baleado de Farath Coronel, conocido en la pantalla como “La Diabla”, de 41 años, fue localizado en el fraccionamiento Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli. La noticia, confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y recogida por medios locales, encendió la alarma entre vecinos y trabajadores de medios que conocían sus consultas y participaciones en televisión.
Según la FGJEM, el hallazgo se produjo en un domicilio del fraccionamiento y la víctima presentaba lesiones por arma de fuego. La fiscalía informó que ya abrió una carpeta de investigación para determinar móvil y responsables, aunque por el momento no ha hecho públicos avances significativos. Vecinos consultados por este medio dijeron haber visto movimiento policiaco desde la madrugada y relataron la conmoción que generó el suceso en una colonia que hasta hace poco presumía convivencia familiar.
Farath Coronel no era solo un rostro de la televisión local; para muchos era un referente popular que mezclaba consejos espirituales con espectáculo. Su apodo, “La Diabla”, le dio notoriedad y seguidores, pero también lo ubicó en un ámbito público que, como se ha visto en otros casos, puede volver a las personas vulnerables ante la violencia.
La muerte de un personaje público en una zona con problemas de inseguridad vuelve a poner el foco en las fallas institucionales. La FGJEM promete investigación, pero la sensación entre vecinos y familiares es de urgencia por respuestas rápidas y transparentes. “Queremos que esto no quede en números más”, dijo una vecina entrevistada por este periódico, pidiendo que la investigación avance y que haya verdad para la familia.
Cuautitlán Izcalli atraviesa desde hace años tensiones relacionadas con la delincuencia y la percepción de impunidad. Autoridades municipales y estatales suelen hablar de avances en materia de seguridad, pero casos como este muestran la distancia entre comunicados oficiales y la experiencia cotidiana de la ciudadanía. La exigencia ahora no es solo capturar responsables, sino comprender por qué figuras públicas y habitantes comunes siguen pagando con su vida la carencia de políticas preventivas efectivas.
En un país donde la presencia mediática puede servir tanto de protección como de blanco, la muerte de Coronel obliga a repensar medidas concretas: mayor coordinación entre municipios y la FGJEM, protocolos de protección para personas en situación de riesgo y políticas locales de prevención que no se queden en discursos. También es urgente fortalecer la atención a víctimas y familiares, con acompañamiento jurídico y psicológico desde el primer momento.
Este incidente tiene además una dimensión cultural y social. Los videntes y figuras espirituales populares ocupan un lugar de confianza en amplios sectores; su victimización expone a comunidades que dependen de esos servicios para tomar decisiones importantes en su vida diaria. Perder a alguien así supone un golpe simbólico y práctico para quienes buscan en esas prácticas alivio o guía.
La FGJEM asegura que trabaja en el esclarecimiento y que aplicará peritajes balísticos y análisis de cámaras cercanas, en la medida en que existan. Este medio corroboró la apertura de la carpeta de investigación y la presencia de personal forense en el lugar. Ahora, familiares y vecinos piden que las autoridades sean más que gestos: exigen resultados y explicaciones públicas que permitan cerrar una herida que, por ahora, permanece abierta.
La muerte de “La Diabla” no es un hecho aislado; es la manifestación visible de problemas estructurales en seguridad, justicia y protección ciudadana. Exigir justicia en este caso es exigir, al mismo tiempo, políticas públicas que eviten que más vidas queden a merced de la violencia. La Fiscalía del Estado de México debe avanzar con celeridad y transparencia, y el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli tiene la responsabilidad política de acompañar el proceso y ofrecer respuestas claras a la comunidad.
Este periódico continuará siguiendo la investigación y publicará avances oficiales de la FGJEM y testimonios locales para mantener informada a la ciudadanía sobre un caso que ha sacudido a la comunidad y que reclama justicia.