Ine suprime cruce que hacía público listado de servidores de la nación
Por riesgo de filtración, el Instituto Nacional Electoral decidió eliminar un cruce de bases de datos que, según advertencias internas, dejaba al descubierto información de los llamados servidores de la nación. La medida reaviva el debate entre protección de datos y transparencia frente a posibles usos electorales.
La consejera Guadalupe Taddei señaló que, en la elección presidencial de 2024, de los 34 mil 881 inscritos en el padrón objeto del cruce, apenas 24 aparecieron finalmente en la compulsa, un dato que, dijo, obliga a revisar la calidad y pertinencia de la información cruzada. La explicación oficial del INE para retirar el cruce fue el alto riesgo de exposición de datos personales y la posibilidad de que esa información pusiera en peligro a los trabajadores encargados de la entrega de programas sociales.
La decisión no fue bien recibida por todos. Algunos actores de la oposición rechazaron la suspensión y plantearon que ocultar esos cruces puede impedir la fiscalización pública de posibles prácticas de clientelismo; incluso insinuaron que los servidores de la nación han funcionado como un brazo operativo del partido en el gobierno, Morena. Esos señalamientos, por su gravedad, exigen pruebas y no solo sospechas.
Los servidores de la nación son, en la práctica, la cara del Estado en comunidades: registran beneficiarios, informan sobre programas sociales y facilitan trámites. Exponer sus datos puede ponerlos en riesgo personal y político; al mismo tiempo, la opacidad alimenta la percepción de que los programas públicos se usan con fines electorales. Aquí chocan dos demandas legítimas: proteger a las personas frente a riesgos reales y garantizar controles que eviten la cooptación del apoyo social.
El debate establece una tarea clara para las autoridades: diseñar mecanismos que permitan auditar y fiscalizar el uso de recursos y personal sin poner en riesgo la integridad de quienes trabajan en terreno. Organismos como el INE, junto con instancias de protección de datos y la sociedad civil, deben acordar criterios para cruzar información de manera segura, usando anonimización y evaluaciones de riesgo previas.
Si se confirma que solo 24 de casi 35 mil inscritos llegaron a la lista definitiva, como dijo Guadalupe Taddei, también es urgente revisar por qué existe tal discrepancia y qué se hizo con el resto de registros. La ciudadanía merece respuestas claras: transparencia que no sacrifica la seguridad, y protección que no sirva de excusa para ocultar prácticas irregulares.
El llamado es sencillo: más y mejor control público sobre cómo se usan bases de datos institucionales, rendición de cuentas sobre la actuación de los servidores de la nación y protocolos que prioricen la seguridad de las personas. Solo así se podrá cortar de raíz tanto el riesgo de filtración como la sospecha de que el Estado esté al servicio de un partido.
Fuentes: Guadalupe Taddei, Instituto Nacional Electoral (INE).