Gobierno de abelardo de la espriella restringe ruedas de prensa y genera alarma en medios
El anuncio del presidente abelardo de la espriella de limitar pronunciamientos públicos de las carteras, centralizar comunicaciones en la presidencia y autorizar entrevistas solo a medios considerados «amigos» desató una oleada de preocupación entre periodistas, organizaciones de libertad de prensa y ciudadanos.
Según comunicados internos citados por periodistas que cubren la Casa de Nariño, la instrucción fue transmitida a ministros y funcionarios de confianza con la finalidad, dicen desde el entorno del gobierno, de “armonizar mensajes” y evitar contradicciones institucionales. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), representada por su directora sofía jaramillo, calificó la medida como preocupante: en diálogo con este medio, Jaramillo advirtió que restringir ruedas de prensa y priorizar medios “amigos” abre la puerta a un control selectivo de la información y vulnera la transparencia que exige la Constitución.
¿Por qué importa esto para la gente? La libertad de prensa no es un lujo académico; es una antena pública. Cuando una alcaldía informa sobre evacuaciones, cuando el Ministerio de Salud explica un plan de vacunación o cuando la Contraloría revela presuntas irregularidades, la ciudadanía necesita acceso plural para tomar decisiones y exigir cuentas. Limitar quién pregunta y qué se responde equivale a poner un tapón en esas antenas: la señal llega menos clara, más sesgada, y con menos posibilidad de fiscalización.
Organizaciones internacionales y grupos de periodistas independientes han coincidido históricamente en que la transparencia gubernamental reduce la corrupción y mejora la calidad de las políticas públicas. En Colombia, la protección de la libertad de expresión tiene sustento constitucional y mecanismos institucionales como la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional que han intervenido cuando políticas públicas la ponen en riesgo. La FLIP ya anunció que seguirá el caso y que, si la práctica se materializa, llevará las denuncias a instancias nacionales e internacionales.
Desde el gobierno, voceros consultados por este periódico insistieron en que la medida busca coordinación y eficacia comunicativa, no censura. Pero ese argumento choca con el hecho práctico de dejar fuera a medios críticos o locales que suelen ejercer la fiscalización en territorios alejados. El resultado podría ser un flujo informativo más cómodo para el poder y menos útil para comunidades que dependen de información veraz sobre servicios públicos, salud y emergencias.
Ante este panorama, la sociedad civil y los gremios periodísticos llaman a la prudencia institucional: que el Ejecutivo aclare los alcances, publique los criterios que usará para decidir acceso y permita mecanismos de veeduría. Si se trata de coordinar mensajes, la transparencia debe ser el primer requisito; si se trata de filtrar interlocutores, la medida tendrá que responder al escrutinio público y jurídico.
La discusión ya no es solo de redacciones: es de barrios que necesitan información para protegerse, de pacientes que esperan programas de salud y de ciudadanos que exigen respuestas sobre recursos públicos. En palabras de sofía jaramillo, la libertad de prensa es la linterna que ilumina los procesos democráticos; apagarla, aunque sea por un gesto de “orden”, deja muchas zonas en penumbra.