Unam mantendrá examen presencial hasta que existan garantías para aplicar pruebas en línea, advierte el rector
Mientras no haya condiciones claras para asegurar integridad, equidad y acceso, la Universidad Nacional Autónoma de México mantendrá la aplicación presencial del examen de admisión, dijo el rector de la UNAM.
La decisión anunciada por el rector de la UNAM apunta a una tensión que persiste desde la pandemia: ¿es posible sustituir hoy el tradicional examen presencial por una prueba en línea sin sacrificar la confiabilidad y, al mismo tiempo, garantizar el derecho a la educación? En conferencia institucional, la casa de estudios subrayó que «mientras no haya condiciones para garantizar aplicación de pruebas en línea, UNAM mantendrá examen presencial de licenciatura», una postura que busca priorizar la transparencia del proceso de selección.
La medida tiene impacto directo en miles de aspirantes que cada año compiten por cupos limitados. Para muchas familias, el examen presencial representa un gasto y una logística compleja: transporte, hospedaje y días de trabajo perdidos. Para otros, sin embargo, la presencialidad es la garantía de que las reglas se cumplan y que no haya trampas tecnológicas que privilegien a quienes tienen mejor conexión y equipos.
La UNAM, como fuente de la decisión, argumenta que aún persisten riesgos pendientes de resolución: identidad digital confiable, protección contra suplantación, y desigualdad en acceso a internet. Es una crítica válida: pasar masivamente a lo virtual sin arreglar el puente digital sería como construir una carretera sin asfaltar para camiones de carga.
Pero la postura institucional también exhibe déficits. La universidad no ha presentado públicamente un calendario claro de pruebas piloto escalables ni metas concretas para reducir la brecha digital entre aspirantes. Tampoco se transparentaron mecanismos auditables que demuestren que una prueba remota puede ser tan segura como la presencial. Esa falta de hoja de ruta alimenta la desconfianza.
En el debate público hay argumentos a favor: la modalidad en línea puede ampliar el acceso para quienes viven lejos de la Ciudad de México, reducir costos y flexibilizar calendarios. En contra, persiste el riesgo de que la prueba deje de medir mérito y pase a medir disponibilidad de recursos tecnológicos. La clave está en que la política no se decida entre extremos, sino con pasos medibles: pilotos transparentes, evaluación externa, inversión en conectividad y apoyos para aspirantes en zonas vulnerables.
Expertos en evaluación y defensores de la educación pública coinciden en que la transición requiere más que voluntad: exige recursos, supervisión independiente y plazos públicos. La UNAM tiene la ventaja institucional y el peso social para liderar esa transformación; también la responsabilidad de hacerlo sin improvisaciones que dañen la confianza de quienes aspiran a estudiar en la universidad más grande del país.
Mientras tanto, la comunidad de aspirantes y sus familias espera claridad: cuántas plazas se verán afectadas, qué protocolos se aplicarán en la sede del examen y qué apoyos habrá para quienes enfrentan dificultades económicas o de conectividad. Ese nivel de detalle será el verdadero termómetro para saber si la promesa de mantener estándares se traduce en medidas concretas y justas, o en una simple defensa de la tradición ante un reto que exige modernización responsable.