Transportistas al límite: acuerdo parcial obliga al gobierno a negociar mientras la economía resiente
La tregua llegó después de días en los que camioneros paralizaron rutas clave; las mesas de trabajo anunciadas por Segob son un alivio temporal, pero quedaron dudas sobre seguimiento y tiempos.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Secretaría de Gobernación (Segob) anunciaron un acuerdo que abre cuatro mesas de trabajo para atender demandas históricas del sector: seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales. Augusto Ramos, presidente de Canacar, dijo que “ya se dio una instrucción a todos los compañeros en las carreteras para romper filas, ya se están desplazando a sus lugares de origen; las carreteras quedan despejadas, quedan libres. Alcanzamos muy buenos acuerdos en beneficio de todos nuestros compañeros transportistas, y sobre esa línea seguiremos trabajando”.
La movilización expuso una vulnerabilidad conocida: más del 70% del transporte de carga terrestre en México circula por carretera, según datos del INEGI, por lo que cualquier bloqueo tiene efecto multiplicador en la cadena de suministros. Supermercados, industrias manufactureras y productores agrícolas reportaron retrasos en entregas; pequeñas empresas, con márgenes ajustados, enfrentan costos adicionales que acabarán trasladando al consumidor.
El diálogo es una victoria temporal, pero no elimina los fallos institucionales que detonaron la protesta. La exigencia principal —seguridad en las carreteras frente a robo de mercancías y extorsiones— apunta directamente a responsabilidades de coordinación entre autoridades federales y locales. Si las mesas no producen plazos, recursos y mecanismos de evaluación independientes, el riesgo de nuevas movilizaciones persiste.
En el frente fiscal y laboral, los transportistas piden alivios y esquemas que reconozcan la volatilidad del precio del diésel y la carga administrativa para micro y pequeñas flotillas. Canacar y Segob deberán transparentar acuerdos concretos: fechas, montos presupuestales y responsables. Sin cifras y compromisos claros, la sensación ciudadana será que se negoció calma a cambio de promesas vagas.
La movilización también dejó lecciones políticas. Para la ciudadanía, es un recordatorio de que las “arterias” del país requieren inversión constante y supervisión. Para el gobierno, la exigencia es doble: resolver lo urgente —restablecer el comercio— y encarar lo estructural —mejorar seguridad, infraestructura y condiciones laborales— con procedimientos claros y participación social.
Canacar y Segob dicen haber acordado pasos a seguir; corresponde ahora a las autoridades demostrar que la negociación no fue sólo un alto temporal sino el inicio de políticas que protejan a quienes mueven la economía y a la población que depende de ellas.
Fuente: Canacar, Secretaría de Gobernación, INEGI.