Sheinbaum desafía al INE y pide a la ASF desmantelar la red de coyotes electorales
Ciudad de México. La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, volvió a poner el foco en la logística electoral al solicitar formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que investigue a las empresas encargadas de la papelería del Instituto Nacional Electoral (INE). Según sus declaraciones, citadas en reportes de La Jornada, un reducido grupo de contratistas habría operado durante más de dos décadas en torno a los insumos que hacen posible las votaciones.
La imagen que describió Sheinbaum es la de un mercado cerrado donde unos cuantos intermediarios, a los que ella llamó “coyotes electorales”, controlan licitaciones, subcontrataciones y suministros básicos como boletas, urnas y material de escritorio. El reclamo apunta al corazón de la confianza ciudadana: si las compras públicas están cooptadas, la percepción de imparcialidad del proceso se erosiona.
¿Por qué importa esto en la vida cotidiana? Porque las elecciones no son solo un acto simbólico. Son logística, tiempos de entrega, calidad del material y transparencia en el gasto. Cuando una partida de papelería se encarece por intermediarios, menos recursos llegan a capacitación de personal, vigilancia de casillas o tecnologías que mejoran la integridad del conteo. En una metáfora simple, si la tinta se la quedan los coyotes, la democracia pierde color.
El llamado de Sheinbaum obliga al INE a dar explicaciones públicas y a la ASF a actuar con rapidez y estricta independencia. No es solo una pulseada política. Es una oportunidad para revisar procesos de contratación, condiciones de competencia y cláusulas anticorrupción en contratos que, por su naturaleza, deberían ser auditados con lupa.
Fuentes institucionales consultadas por La Jornada recuerdan que la contratación de insumos electorales suele implicar cadenas de subcontratación complejas y proveedores locales que sirven como fachada para empresas con mayor poder de mercado. La existencia de contratos repetidos durante años con los mismos actores pone sobre la mesa la necesidad de abrir procesos más transparentes y de incorporar mecanismos tecnológicos que reduzcan el margen para discrecionalidades.
La presión de Sheinbaum tiene también un componente político: demostrar voluntad de limpiar prácticas que, además de costar dinero, minan la legitimidad de las instituciones. Pero la crítica puede y debe ser doble cara. Si la ASF investiga, encontrará áreas de mejora en las propias auditorías del INE, en sus comités de adquisiciones y en la fiscalización de contratos. Señalar problemas sin proponer cambios opera a medias.
Entre las medidas concretas que piden especialistas en administración pública están la rotación de adjudicaciones, la transparencia total de expedientes de contratación, la publicación de los contratos completos y la verificación en sitio de la entrega y calidad del material electoral. También la creación de rutas ciudadanas de denuncia y la participación de observadores independientes en las compras sensibles.
La batalla sobre la papelería electoral no es menor. Es una prueba para la confianza pública. Si la ASF confirma irregularidades, la respuesta del INE y de la Fiscalía deberá ser rápida y ejemplar. Si no hay pruebas, entonces corresponde que quienes acusaron expliquen con datos y documentos sus señalamientos.
La ciudadanía merece más que acusaciones verbales: exige resultados, transparencia y controles que eviten que una red de intermediarios convierta lo que debería ser servicio público en un negocio cerrado. La Jornada ha documentado las preocupaciones; ahora toca a las instituciones convertir la provocación política en reformas verificables.