Sismo de 6.7 sacude Ayacucho y deja daños materiales, deslizamientos y dos heridos
El temblor, inicialmente medido en 7.2 por el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue corregido a 6.7 y tuvo epicentro en Upahuacho, provincia de Parinacochas
Un fuerte movimiento telúrico remeció la sierra sur de Perú en la madrugada, con epicentro en el distrito de Upahuacho, provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, corrigió su primera medición de 7.2 a una magnitud de 6.7, a 505 kilómetros de Lima. El sismo fue percibido en varias regiones y dejó daños materiales, deslizamientos en carreteras rurales y al menos dos personas heridas, según reportes oficiales y medios locales.
El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y las autoridades regionales informaron de afectaciones en viviendas, especialmente en construcciones de adobe y techos de calamina. El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, se trasladó a Ayacucho para coordinar la evaluación de daños y medidas de emergencia, informó el propio Ministerio de Vivienda. Servicios de salud regionales atendieron a los heridos, que presentan lesiones no graves, según fuentes sanitarias.
La sacudida vuelve a poner sobre la mesa una pregunta simple y urgente: ¿están protegidas las comunidades más vulnerables? Perú es uno de los países más sísmicos del mundo, pero la prevención sigue sufriendo de desfinanciamiento, supervisión laxa y lentitud administrativa. Medios como RPP y El Comercio recogieron testimonios de vecinos que señalaron grietas en muros y pánico nocturno. En zonas alejadas, los deslizamientos complican la llegada de ayuda inmediata.
Las autoridades muestran reacción, pero la crítica es válida. Fundamentos técnicos no bastan si no se traducen en inversión sostenida en vivienda segura, mantenimiento de vías rurales y planes de evacuación reales. INDECI y el Ministerio de Vivienda deben publicar con transparencia los informes de inspección y los criterios para priorizar reparación y asistencia, especialmente para hogares en condición de pobreza y ancianos que no pueden desplazarse con facilidad.
En el corto plazo, la prioridad es garantizar albergues temporales, agua potable y atención médica en las comunidades afectadas. En el mediano y largo plazo, el Estado tiene la obligación de reforzar la fiscalización de construcciones y ampliar programas de mejora de vivienda que incluyan técnicas resistentes a sismos y apoyo económico a familias que no pueden costear intervenciones.
Este sismo invita a la reflexión colectiva: la seguridad sísmica no es solo un gasto técnico sino una inversión social. Las instituciones citadas, entre ellas USGS, INDECI y el Ministerio de Vivienda, deben rendir cuentas y trabajar con la sociedad civil para convertir la emergencia en una oportunidad para proteger mejor a las comunidades más expuestas.