Caos telefónico deja 2.6 millones sin servicio por líneas con terminación 0
La empresa CTR suspendió este lunes el servicio de 2.6 millones de números cuya terminación es «0» después del plazo del 15 de agosto para vincular CURP e INE, una medida que encendió alarmas entre usuarios, organizaciones civiles y autoridades regulatorias.
Según el comunicado de CTR, la suspensión obedeció a la falta de regularización de datos personales en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre verificación de identidad. La compañía aseguró que avisó con antelación y que la medida responde a lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para prevenir fraudes y usurpación de identidad. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que la vinculación de CURP e INE forma parte de los mecanismos de identificación que ahora exigen varios operadores.
El golpe, sin embargo, no fue técnico ni neutral: dejó sin comunicación a trabajadores informales que dependen del celular para ventas y servicios, a estudiantes y a familias que usan la línea para coordinar citas médicas o emergencias. Usuarios consultados reportan mensajes automáticos que no siempre explicaban cómo recuperar el número y largas esperas en centros de atención.
La situación expone una tensión clásica entre control administrativo y derechos básicos. La verificación busca cerrar huecos que facilitan el fraude y la delincuencia telecomunicada, pero su implementación —con plazos rígidos y poca asistencia masiva— tiene efecto regresivo sobre poblaciones ya vulnerables. Es la diferencia entre poner una traba para el delito y dejar sin puente a quien vive día a día del teléfono.
Organizaciones de la sociedad civil y defensores del consumidor han pedido al IFT y a la Secretaría de Gobernación que intervengan para garantizar proporcionalidad y transparencia. Reclaman, en concreto, plazos escalonados, campañas en comunidades rurales, facilidades para personas mayores y un mecanismo claro y gratuito de reactivación.
Desde el ángulo institucional, CTR sostiene que actuó conforme a la normativa y que habilitará vías de regularización en sus módulos y plataformas digitales. El INE, por su parte, dijo que ofrece asesoría en sus módulos para quienes no vinculaban sus datos, aunque reconoció que la demanda superó la capacidad de atención en algunas ciudades.
¿Qué deben hacer los afectados? Reclamar directamente con CTR con identificación oficial y CURP; acudir a módulos del INE para verificar datos; y, si persiste la negativa, presentar una queja ante el IFT para que revise la proporcionalidad de la suspensión. También resulta imprescindible que las autoridades publiquen cifras desagregadas y expliquen por qué se eligió cortar líneas con terminación 0 y no aplicar otras medidas menos disruptivas.
La lección es clara: toda política pública de seguridad o control exige logística y humanismo. Si una norma se convierte en una piedra que tropieza con la vida cotidiana, las instituciones deben ajustar la ruta, no empujar a la gente al abismo digital. CTR, INE e IFT tienen ahora la responsabilidad de corregir el daño y evitar que la rutina de millones se convierta en un problema de supervivencia cotidiana.