La siembra de la discordia: El campo mexicano clama por atención más allá de tres estados privilegiados
El campo mexicano es un mosaico de historias, de manos que labran la tierra con esperanza, pero también con la angustia de la incertidumbre. El pasado 14 de octubre, esa angustia se desbordó en Apatzingán, Michoacán, donde los limoneros, cansados de la precariedad y la falta de apoyo, arrojaron sus cosechas a las calles. Cajas y cajas de limones verdes, el fruto de su esfuerzo, fueron testimonio mudo de una crisis profunda.
Bernardo Bravo, entonces líder del sector, no tardó en levantar la voz. En un comunicado que resonó con la desesperación de muchos, exigió al Gobierno la intervención de la Banca de Desarrollo para recuperar tasas preferenciales a los productores, la regularización de los pozos agrícolas y un incremento real en las políticas públicas destinadas a impulsar el campo. Pero sus demandas no se detuvieron ahí; también señalaron a los “coyotes”, esos intermediarios que encarecen el producto antes de que llegue a nuestras mesas, y reclamaron jornadas de negociaciones directas con los empaquetadores. Y, por encima de todo, la seguridad, un grito que se ha vuelto constante en muchas zonas rurales.
Este grito desde Michoacán, tan palpable y urgente, nos lleva a una preocupación mayor que se escucha en gran parte del país: las soluciones que propone la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) parecen concentrarse, principalmente, en solo tres estados de la República, dejando a un lado la inmensa diversidad y las necesidades apremiantes de las demás regiones agrícolas de México.
Un foco estrecho para un problema amplio
Analizando las asignaciones y los programas prioritarios de la dependencia, se percibe una orientación marcada hacia regiones específicas. Si bien es cierto que estados como Sinaloa, Jalisco o Sonora son pilares de la producción nacional de ciertos granos y productos de exportación, la mirada no puede quedarse ahí. México es un país agrícola de contrastes: desde el café de Chiapas y Veracruz hasta el aguacate de Michoacán, pasando por el nopal de Milpa Alta o la miel de Yucatán. Cada uno de estos ecosistemas productivos enfrenta retos únicos y requiere estrategias a la medida.
Cuando el apoyo gubernamental se focaliza en un puñado de entidades, el resto de los productores se sienten, con razón, desamparados. ¿Qué pasa con los pequeños maiceros de Oaxaca, los cañeros de Morelos o los ganaderos de Guerrero, que también luchan contra los altos costos de producción, la falta de financiamiento y la inseguridad? Sus realidades, aunque distintas, comparten la urgencia de una mano extendida por parte del Estado.
La situación de los limoneros de Apatzingán es un claro ejemplo de cómo problemas transversales –como la falta de acceso a crédito justo, la distorsión del mercado por los intermediarios y la inseguridad– afectan a productores de cualquier estado y cualquier cultivo. Sin embargo, si las políticas se diseñan con una visión limitada, estas problemáticas endémicas solo se abordarán de forma fragmentada o simplemente se ignorarán en las regiones no prioritarias.
Los problemas que acechan a todo el campo
Las demandas de los limoneros michoacanos resuenan en todo el país:
- Financiamiento: La banca tradicional sigue siendo un laberinto para muchos pequeños y medianos productores, que ven en las tasas preferenciales una tabla de salvación para invertir en sus tierras. La falta de acceso a capital limita la modernización y la resiliencia del campo.
- Agua: La regularización de pozos agrícolas y una gestión hídrica eficiente son cruciales. El cambio climático y la sobreexplotación de acuíferos ponen en jaque la viabilidad de muchas cosechas, y sin una política integral, la sequía amenaza con dejar desiertos nuestros campos.
- Intermediarios (“coyotes”): Este es un cáncer que carcome las ganancias de los productores y encarece los productos para el consumidor final. La falta de canales de comercialización directos y el bajo poder de negociación individual son caldo de cultivo para estas prácticas.
- Seguridad: Es un tema que ya no puede postergarse. Extorsiones, robos de cosechas, maquinaria o ganado, y el control de rutas por parte de grupos delictivos, son una realidad que frena la inversión y, en ocasiones, obliga a los agricultores a abandonar sus tierras.
Los programas existentes, como Producción para el Bienestar, buscan apoyar directamente a los productores. Sin embargo, su impacto puede diluirse si no se acompaña de una visión que entienda las particularidades de cada región y que aborde de manera frontal y coordinada los problemas estructurales que ahogan al sector. No basta con entregar apoyos; es fundamental fortalecer la cadena de valor completa.
Un llamado a la inclusión y al compromiso real
La labor de un gobierno comprometido con su gente, con los cimientos de su economía y con la justicia social, implica ver más allá de las cifras macroeconómicas y los centros de producción más visibles. Requiere escuchar a cada productor, desde el ejidatario que cultiva una pequeña parcela de temporal hasta el empresario agrícola que invierte en tecnología.
Es momento de que las soluciones al campo no se queden en un mapa recortado, sino que abracen la complejidad y la riqueza de todo México. Implica un diálogo genuino con las comunidades, un diseño de políticas públicas que reconozcan las diferencias y fortalezcan las economías locales. El futuro del campo mexicano, su capacidad para alimentarnos y generar bienestar, depende de una visión que sea verdaderamente nacional, equitativa y solidaria. De lo contrario, seguiremos viendo historias como la de los limoneros de Apatzingán, con frutos de la tierra que terminan en el asfalto, mientras la esperanza se marchita.