Sheinbaum arma cortina académica para vender el fracking

Palacio Nacional se transformó en foro científico para amortiguar un viraje que sacude promesas, herencias políticas y comunidades: la presidenta apuesta a expertos para legitimar la fracturación hidráulica.

La escena fue inusual y calculada: rectores, científicos y directores de centros de investigación invitados a la conferencia matutina en Palacio Nacional. El objetivo, según reportes de prensa, entre ellos EL PAÍS, fue presentar opiniones técnicas que acompañen la decisión de explorar el uso del fracking en México, un giro que la administración de Claudia Sheinbaum justifica como necesario para la soberanía energética.

Es un cambio que toca fibras: rompe con promesas de campaña y con posturas públicas del periodo anterior. Para amortiguar el choque político, la presidenta eligió la receta de su antecesor pero con otro rostro: en lugar de desplegar encuestas o consultas masivas, montó un blindaje académico. La idea es clara y simple: si lo dicen los expertos, suena menos a cálculo político y más a necesidad técnica.

Sin embargo, esa estrategia no ha despejado dudas. Organizaciones ambientalistas, activistas por el agua y comunidades rurales cuestionan que un acto público con académicos sustituya procesos de evaluación independientes, consultas comunitarias vinculantes y estudios de impacto accesibles para la población afectada.

Lo que promete y lo que preocupa

En el discurso oficial, el fracking traería beneficios concretos: aumento en la producción de gas, menor dependencia de importaciones, estabilidad de precios y respaldo a la red eléctrica. Para muchos científicos invitados, el argumento se centra en la necesidad de diversificar fuentes y garantizar suministro.

Pero el contraste con los riesgos es palpable en la calle: posible contaminación de mantos freáticos, consumo intensivo de agua en regiones ya estresadas, uso de químicos, riesgo sísmico y emisiones de metano. Para comunidades que viven del campo y del agua, la balanza no parece equilibrada si los procesos de consulta y mitigación no son claros y vinculantes.

Ventajas alegadas Riesgos destacados
Mayor producción de gas y posible seguridad energética Contaminación de agua subterránea y superficial
Reducción de importaciones y apoyo a la CFE Alto consumo de agua en zonas áridas
Empleo e inversión en regiones petroleras Emisiones de metano y efectos climáticos
Argumentos técnicos presentados por académicos Falta de transparencia y consulta social vinculante

Preguntas que quedan en el aire

  • ¿Quién financia y supervisa los estudios de impacto ambiental y serán públicos y verificables por terceros independientes?
  • ¿Habrá mecanismos vinculantes de consulta para las comunidades directamente afectadas?
  • ¿Qué medidas concretas se adoptarán para proteger el agua, principal activo en juego?
  • ¿Cómo se evaluarán y mitigarán las emisiones de metano y los riesgos sísmicos?
  • ¿Qué papel jugarán organismos autónomos y la sociedad civil en la supervisión?

Que académicos y rectores estén en Palacio no equivale a consenso nacional. La convocatoria busca legitimidad técnica, pero la política pública que impacta territorios, empleos y recursos naturales exige más: transparencia plena, datos abiertos, participación comunitaria real y garantías de reparación si las cosas salen mal.

Sheinbaum apuesta al traje académico para un cambio que promete energía y provoca inquietud. Si la intención es realmente cuidar a la gente y al medio ambiente, el siguiente paso debe ser abrir ventanas, no cerrar debates.

Qué sigue: esperen solicitudes formales de acceso a la información sobre los estudios, exigencias de evaluaciones independientes y movilizaciones ciudadanas en las regiones potencialmente afectadas. La discusión ya no es solo técnica: es el futuro del agua, del trabajo y del paisaje que heredaremos.

Con información e imágenes de: elpais.com