Sep acuerda control del celular en aulas: qué cambia para alumnos y maestros
Acuerdo unánime en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas sobre el uso de teléfonos móviles en las escuelas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que, tras la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, se alcanzó un acuerdo unánime para regular el uso del celular en las aulas. La decisión busca dar marcos y criterios comunes a las autoridades estatales y a los planteles para reducir distracciones y fortalecer procesos de enseñanza, según informó la SEP.
En la práctica, el acuerdo plantea que cada escuela deberá diseñar protocolos claros: cuándo y dónde se puede usar el dispositivo, excepciones por motivos pedagógicos o de salud, y medidas disciplinarias graduadas. La intención es evitar que el celular funcione como una “segunda pantalla” que compite con el aula, pero también dejar la puerta abierta a su uso educativo controlado.
Para alumnos, el cambio promete menos interrupciones y mayor concentración en clase. Pero no es todo ganancia: muchos estudiantes usan el teléfono para investigar, acceder a materiales o comunicarse con familiares. Sin reglas pensadas en la desigualdad digital, se corre el riesgo de castigar a quienes no tienen alternativas tecnológicas en casa.
Para maestros, la medida significa recuperar autoridad en el aula y menos gestión de conductas relacionadas con el teléfono. Al mismo tiempo, les impone una carga adicional: deberán aplicar protocolos, documentar incidentes y, en muchos casos, acompañar la transición con nuevas prácticas pedagógicas. La SEP reconoce la necesidad de capacitación docente; queda pendiente la pregunta de recursos y tiempos para formar a miles de profesores.
La regulación también toca temas sensibles: la protección de datos personales cuando se incauta o revisa un dispositivo, la garantía de comunicación entre escuela y familia en casos de emergencia, y la equidad en el acceso a herramientas educativas. Organizaciones civiles y sindicatos docentes han pedido que las medidas respeten derechos y no deleguen la vigilancia exclusivamente en el profesorado.
El acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas fija un marco, pero la letra fina la tendrán las entidades y las comunidades escolares. En muchos estados será necesario dotar a las escuelas de conectividad, recursos pedagógicos alternativos y canales de comunicación con las familias para que la política no se convierta en una regla punitiva sin apoyo.
La SEP dijo que acompañará la implementación con orientaciones y seguimiento, aunque no detalló montos ni plazos específicos. La experiencia en otros países muestra que prohibiciones absolutas funcionan cuando van acompañadas de formación docente y opciones pedagógicas; sin ese componente, el celular cambia de problema a otro más complejo.
Este acuerdo abre una oportunidad para repensar cómo la tecnología se integra en la educación pública, pero también obliga a poner atención en la equidad, la protección de derechos y en dotar de herramientas reales a maestros, alumnos y familias. Si la SEP y las autoridades estatales desean evitar que la medida sea sólo una norma en papel, tendrán que demostrar con recursos y acompañamiento que la escuela puede recuperar su centralidad sin cortar las rutas de aprendizaje de quienes más lo necesitan.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP) y Consejo Nacional de Autoridades Educativas.