Bukele busca tercera reelección: el Salvador votará el 28 de febrero de 2027
San Salvador. El Tribunal Supremo Electoral anunció este miércoles que las elecciones presidenciales serán el 28 de febrero de 2027, una fecha que abre la puerta a que Nayib Bukele busque un tercer mandato tras los cambios constitucionales que eliminaron los límites a la reelección.
La decisión del tribunal confirma un calendario político que, para muchos salvadoreños, ya venía escrito desde que la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa allanaron el camino para la reelección. El oficialismo, agrupado en el partido Nuevas Ideas, celebra la oportunidad de continuar la llamada «guerra contra las pandillas».
En materia de seguridad, los números muestran una transformación palpable: homicidios que se desplomaron respecto a años anteriores y calles que hoy muchos perciben más seguras. El gobierno presenta esas cifras como la prueba de eficacia de su mano dura y las exhibe como logro central de gestión.
Pero ese avance viene acompañado de un alto coste para las libertades. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado detenciones masivas, uso excesivo de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso durante los estados de excepción. Estos señalamientos no son periféricos: ponen en riesgo la legitimidad de un proceso electoral en el que la desigualdad institucional ya es palpable.
El efecto político de meses de concentraciones de poder es tangible. La Asamblea controla el presupuesto y la agenda; la Sala de lo Constitucional ha tomado decisiones que redefinieron la interpretación de la reelección; y el Ejecutivo, con fuerte presencia mediática, ha moldeado la percepción pública. Medios como El Faro y La Prensa Gráfica han documentado estas dinámicas, alertando sobre la erosión de contrapesos.
Para la ciudadanía, el balance es mixto. Vecinos de barrios antes asediados por la violencia reconocen que la calle está más tranquila, pero también cuentan historias de familiares detenidos sin cargos claros o de miedo a denunciar abusos. En términos cotidianos, seguridad y justicia parecen competir por el mismo espacio: la protección frente a la violencia y la garantía de derechos.
El nombramiento de la fecha electoral plantea preguntas urgentes: ¿habrá condiciones equitativas para el debate público? ¿Se permitirá a la oposición competir en igualdad de condiciones? ¿Podrán organismos internacionales y la prensa investigar sin restricciones? Expertos consultados por este periódico insisten en la necesidad de observación independiente y de condiciones claras para garantizar un proceso legítimo.
El Salvador entra en una etapa decisiva. El 28 de febrero de 2027 no solo decidirá la continuidad o no de un proyecto político marcado por la reducción de la violencia y por denuncias de abuso; también dirá hasta dónde aceptan los ciudadanos y las instituciones la redefinición de las reglas del juego democrático. El Tribunal Supremo Electoral fijó la fecha; ahora corresponde a la sociedad vigilar que la ruta hacia ella sea transparente y justa, tal como exigen organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.