Funcionaria ofrece comparecer donde mande la Jucopo; el reclamo pasa por la transparencia
“Si quieren que vaya a la Comisión de Gobernación, voy ahí, y si quieren que vaya a la Junta de Coordinación, voy ahí”, expresó la funcionaria al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en un encuentro que, según reportó Diario Ciudadano, dejó clara la tensión entre el gobierno y la bancada plural del Congreso.
La frase, aparentemente conciliadora, es en realidad la señal de un tablero político más áspero: por un lado está la necesidad de que autoridades rindan cuentas y, por otro, la urgencia política de no convertir la fiscalización en espectáculo. La comparecencia de funcionarios ante comisiones legislativas no es un trámite burocrático; es la única ventana formal que tiene la sociedad para preguntar, exigir explicaciones y medir responsabilidades.
Ricardo Monreal, como presidente de la Jucopo, tiene en sus manos la coordinación de los agendas parlamentarias y, con ello, la capacidad de decidir si un tema se ventila en comisiones especializadas o en la junta que organiza el trabajo legislativo. Para la ciudadanía, esa decisión no es neutra: determina tiempos, alcances y, muchas veces, la posibilidad real de que las preguntas incómodas obtengan respuesta pública.
La oferta de la funcionaria —aparecer “donde mande”— aporta formalmente a la rendición de cuentas, pero no despeja dudas sobre el fondo. ¿Se someterá la información suficiente? ¿Se permitirá el acceso a documentos, peritajes o cifras que expliquen políticas, compras o programas? Estas son las preguntas que, según testimonios y actas consultadas por Diario Ciudadano, circulan entre legisladores de distintas fuerzas.
Desde una perspectiva de centro izquierda, el gesto de acudir no es suficiente: la transparencia debe ir acompañada de claridad en los procedimientos y plazos. Cuando el Estado trata la comparecencia como un escenario de comunicación controlada en lugar de un mecanismo de esclarecimiento, la confianza pública se erosiona. Es una metáfora simple: la comparecencia no debe ser un micrófono para discursos, sino una linterna para encontrar respuestas.
El episodio también muestra fallas institucionales. Las reglas para convocar y llevar a cabo audiencias públicas deben ser más claras y obligatorias, y no depender únicamente de la buena voluntad de quienes coordinan las agendas. Además, el Congreso necesita garantizar espacios donde la ciudadanía pueda seguir los debates con información suficiente y verificable, más allá de la retórica política.
Hay avances que reconocer: la voluntad declarada de comparecer evita el bloqueo total y, cuando se concretan, las audiencias han servido para corregir rumbos en programas sociales y en procesos administrativos. Pero también persisten riesgos: la dilación intencional, la fragmentación de la información y la presión para convertir la fiscalización en un juego de acusaciones sin sustento probatorio.
Para que la comparecencia deje de ser una frase hecha y se convierta en herramienta de mejor gobierno, proponemos tres exigencias sencillas y vinculantes: acceso público y oportuno a la documentación relevante; plazos claros para respuestas y seguimientos; y mecanismos de participación ciudadana que permitan preguntas directas y evaluación posterior. Sin estas condiciones, la promesa de “voy donde quieran” puede quedar en un palco vacío.
En este contexto, Diario Ciudadano seguirá el desarrollo de la reunión entre la funcionaria y la Jucopo, así como cualquier convocatoria de comisión que resulte, porque la garantía real para la gente no está en la disposición a acudir, sino en que la comparecencia produzca información útil y cambios tangibles en la vida cotidiana.