Riva Palacio señala bienes millonarios en Pemex y pone en duda la lucha anticorrupción de la 4T
Raymundo Riva Palacio, en una columna reciente publicada en El Financiero, afirma que la promesa central de la Cuarta Transformación —acabar con la corrupción y la impunidad— está siendo desmantelada desde adentro. El reportero señala directamente a Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, y a Carlos Ulloa, alto funcionario petrolero, por la adquisición de bienes e inmuebles millonarios pagados al contado, sin una explicación pública sobre el origen de los recursos y sin que, hasta ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya abierto indagatorias conocidas.
La acusación, narrada por Riva Palacio, no es un rumor: describe operaciones patrimoniales que, según el columnista, deberían encender las alarmas de cualquier política anticorrupción seria. Pagar propiedades al contado y mantener opacidad en las declaraciones patrimoniales son señales que, en otras democracias, suelen motivar auditorías, congelamiento de activos y fiscalización independiente.
El impacto no es solo simbólico. Cuando la dirección de una empresa estratégica como Pemex aparece vinculada a opacidad patrimonial, la confianza ciudadana se erosiona y se reduce la capacidad del Estado para exigir cuentas a otros. Eso se traduce en peor gestión de recursos públicos, menor eficacia en programas sociales y un mensaje claro: las reglas no aplican igual para todos.
La UIF, creada como herramienta clave para rastrear lavado de dinero y proteger el erario, tiene la facultad de investigar movimientos sospechosos. Riva Palacio subraya la ausencia de señales públicas de que esa investigación exista, un silencio que, para muchos, equivale a tolerancia institucional.
La crítica no pretende la eliminación de logros en materia social o de políticas públicas; busca coherencia. Si la 4T mantiene como bandera la austeridad y la lucha contra la corrupción, las instituciones del Estado —desde la UIF hasta la Cámara de Diputados— deben actuar con independencia y transparencia. Ciudadanos y organizaciones civiles piden, y con razón, mayor claridad: auditorías públicas, acceso a registros de compraventa y cruces con declaraciones patrimoniales públicas.
En palabras de Riva Palacio, lo que se ve es “puro humo político”: gestos que suenan a combate contra la corrupción pero que, en los hechos, no tocan los círculos de poder. El desafío para el Ejecutivo y para las autoridades encargadas es demostrar que la lucha no es de campaña sino de Estado. Sin eso, la promesa anticorrupción seguirá siendo, para muchos, una buena frase y nada más.