Loret acusa a Imelda Castro de operar con la estructura de Rubén Rocha en Sinaloa
El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que la candidata de Morena, Imelda Castro, estaría «operando» con la estructura política y administrativa del gobernador Rubén Rocha Moya, en lo que describió como un supuesto reparto de cargos y favores en Sinaloa. La acusación, lanzada por Loret, ocurre pese a que el equipo de la candidata y funcionarios estatales han intentado deslindarla públicamente de cualquier coordinación orgánica con el gobierno.
La denuncia de Loret de Mola reabre el viejo debate sobre la línea que separa al Estado de las campañas electorales: si los instrumentos públicos se usan para fortalecer a una candidatura, la contienda pierde transparencia y los ciudadanos pagan el costo. Según el señalamiento, parte de la estructura del gobierno estatal estaría siendo utilizada para apuntalar a la aspirante, lo que implicaría un uso irregular de recursos y clientelismo político.
El gobierno de Sinaloa y el equipo de Imelda Castro han emitido comunicados negando que exista una estrategia de reparto o una coordinación que viole la normatividad electoral. En su defensa, insistieron en que la candidata ha mantenido autonomía respecto a actores locales y que cualquier colaboración con servidores públicos se rige por la ley. No obstante, la acusación de Loret obliga a que esas afirmaciones se sometan a escrutinio público y, de ser necesario, a revisión por las autoridades correspondientes.
Para entender el impacto real en la vida cotidiana de la gente, vale recordar que el clientelismo no es una mala palabra abstracta: significa promesas condicionadas de empleo, obras o programas sociales que terminan polarizando barrios y compras de voluntades. Esos mecanismos distorsionan políticas públicas que deberían responder a necesidades, no a cálculos electorales. Si existiera reparto, los beneficiados serían grupos cercanos al poder, mientras que la mayoría seguiría sin acceso efectivo a servicios con criterios técnicos.
Desde una mirada riguroso-crítica, lo pertinente no es sólo afirmar o negar, sino aportar pruebas. Documentos de nómina, convenios, rutas de decisiones administrativas y testimonios verificables son los elementos que convierten sospechas en casos a investigar. Por eso resulta razonable pedir al Instituto Nacional Electoral y al órgano local correspondiente que revisen cualquier indicio de uso indebido de recursos públicos en favor de candidaturas.
La ciudadanía merece claridad. La acusación de Carlos Loret de Mola coloca el foco sobre prácticas que, de comprobarse, erosionan la confianza democrática. Pero también es una oportunidad para que Morena, el gobierno estatal y las instancias electorales demuestren que las reglas se aplican con rigor. Si no hay nada que ocultar, la transparencia debe ser la respuesta: publicaciones de contratos, padrones de beneficiarios y auditorías públicas que permitan a los sinaloenses evaluar por sí mismos.
En política, como en la vida cotidiana, la sospecha sin evidencia se combate con luz, no con silencios. La sociedad exige respuestas claras y mecanismos que impidan que la administración pública se convierta en instrumento de reparto. La acusación de Loret pone en movimiento ese debate; corresponde ahora a las autoridades, a la candidata y al partido ofrecer pruebas y a la prensa seguir indagando con rigor.